Caixa d’Enginyers es una sociedad cooperativa de ahorro y crédito. Es decir, actúa como un banco comercial corriente y moliente. Su dimensión es muy modesta. Cuenta con 25 oficinas, 13 de ellas en Cataluña y 12 en el resto de España, en las que trabajan 450 personas. La entidad mantiene contra viento y marea su sede social en Cataluña. En concreto, en el número 31 de la Via Laietana. El mismo inmueble que ocupa desde su fundación hace 51 años. Una decisión política que forma parte de la estrategia en la gestión que le ha sido muy rentable en los últimos ejercicios.

La institución cuenta con 160.000 adictos clientes que, a la vez, son socios de la cooperativa, y ha llegado a tal nivel tras desmarcarse de la fuga de sedes sociales que protagonizaron los grandes del sector financiero catalán en el último trimestre de 2017. Fue la única, junto con Caixa de Guissona, que decidió mantener el domicilio social y fiscal en Cataluña. Ni siquiera se quedó en esta tierra Arquia Banca, la antigua Caja de Arquitectos, con un perfil muy parecido al de Caixa d'Enginyers.

Crecimiento con el independentismo

El presidente de la Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala, consideró que no había ningún riesgo de que el procés les expulsara del territorio comunitario y, a la vez, del paraguas del Banco Central Europeo. Es más, reconoció que la crisis desatada tras el 1-O impulsó el crecimiento del número de clientes-socios en un 12,5% al cierre de 2017. Cataluña ha sido el territorio en el que ha ganado más presencia. Históricamente, también es el más importante para la cuenta de resultados del banco.

Igual que otros grupos como los supermercados Bon Preu o la operadora Parlem, ha conseguido expandirse gracias a ser identificada como empresa partidaria del independentismo.

Miembros del patronato

Sala y sus allegados han negado siempre en todas sus manifestaciones públicas que la entidad tenga posición política. Y aseveran que su desarrollo se debe a las prescripciones de los propios clientes. El manido "boca-oreja". Pero sus declaraciones se quedan sólo en eso si se analiza sus prácticas bancarias. Por ejemplo, ha sido el banco elegido para gestionar la llamada caja de resistencia de ANC y Òmnium Cultural, que ha servido entre otras cosas para sufragar las fianzas de los políticos investigados por el procés.

Además, en su patronato figura Joan Vallvé Ribera, vicepresidente segundo de Òmnium. Vallvé es accionista del bróker GVC Gaesco, capitaneado por su hermana, la notario y agente de cambio y bolsa Àngels Vallvé, y que sí decidió mover su sede a Madrid. Vallvé está casada con Joan Hortalà Arau, presidente de la Bolsa de Barcelona, y en los años ochenta del siglo pasado factótum y candidato de Esquerra Republicana.

Joan Vallvé, exdecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, fue consejero de Agricultura, Ramaderia i Pesca en uno de los gobiernos de Jordi Pujol (1989-92). Posteriormente, llegó al Parlamento Europeo de la mano de CiU.

Crédito a Iglesias y Montero

Pero este crecimiento destacado de Caixa d’Enginyers en Cataluña no se ha reflejado en el resto de España. Hasta la fecha era una perfecta desconocida en casi todo el país. De pronto se ha dado a conocer y ha despertado un inusitado interés gracias al crédito que ha concedido, en condiciones altamente ventajosas, a los podemitas Pablo Iglesias e Irene Montero, para adquirir su opulento chalé de 660.000 euros en la sierra madrileña.

En el sector financiero, las facilidades concedidas a Iglesias y Montero se explican como un intento de ganarse la etiqueta de banco que no especula. Un reconocimiento al que se pretendía llegar con los líderes de la formación morada como prescriptores.

Estafa de un exdirector

Si ellos, que han sido muy críticos con el sistema financiero y las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, elegían a Caixa d’Enginyers, la entidad podría captar más clientes entre todos aquellos que están preocupados por la ética de los bancos que operan en el país.

Además, significaría dejar atrás de forma definitiva el escandaloso pufo del exdirector de la principal sucursal de la entidad, Jordi B. El bancario reconoció en el juzgado que había estafado más de cinco millones de euros entre 1999 y 2002 a clientes vip. La mayoría de ellos, personas de avanzada edad que confiaban ciegamente en él.

Escándalo en Podemos

El ejecutivo acabó en la cárcel y Caixa d’Enginyers ha tardado años en superar el torpedo en la línea de flotación que supuso su confesión. Más allá de la picaresca del gestor, se demostró que los sistemas de control internos adolecían de graves deficiencias.

Pero en la proyección marketiniana no se estimó el escándalo que ha supuesto la compra del chalé por parte de Iglesias y Montero, que ha sufrido un aluvión de críticas furibundas incluso en el seno de Podemos. El alcalde de Cádiz, el no menos polémico José María González (Kichi), ha defendido en un comunicado público que él mantendrá su “piso de currante”, porque los principios de su formación residen en “no parecerse a la casta”. Kichi forma parte de la corriente Anticapitalista, la organización más extremista de Podemos.

Tamaño modesto

Caixa d’Enginyers ha usado el negocio político para intentar dejar atrás sus propios escándalos. Con todo, su talla actual es aún muy modesta. De la pequeña dimensión de la caja da fe el resultado obtenido en el último ejercicio: 12,2 millones de euros de beneficio consolidado, con una pírrica alza del 1,8% sobre el ejercicio anterior.

Su volumen de negocio se aproxima a los 6.000 millones. La institución se caracteriza por la prudencia en la gestión, reflejada en una tasa de mora del 3,6%, una de las más bajas del sistema crediticio. Los recursos de clientes ascienden a 4.000 millones.

El consejo rector está presidido por Sala. Es vicepresidente Manuel Bertrán Mariné. Secretario, Enric Homs Martínez. Y vocales, David Parcerisas Vázquez, Pedro A. Hernández Del Santo, Pedro Marín Giménez, Jaime Roure Pagés, José María Pera Abadía, Félix Masjuán Teixidó, Carme Botifoll Alegre, Josep M. Muxí Comellas, Antonio Santamans Olivé y Montserrat Salleras Costal.