La Audiencia de Zaragoza obliga a abrir finalmente el juicio oral a la actual cúpula de Cacaolat para comprobar la pulcritud de la compra de la empresa en el marco del concurso de acreedores de Nueva Rumasa, una venta que se gestionó desde el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona a finales de 2011. La sala de apelación del alto tribunal aragonés revoca los intentos de archivo del caso que se han sucedido hasta la fecha ante los indicios de que la oferta que presentó Cobega y Damm no era del todo transparente.

En el auto, al que ha tenido acceso Crónica Global, los magistrados de la sección sexta recuerdan que avisan desde 2016 de que la instrucción ha revelado “hechos que parecerían avalar la teoría de una intención inicial de los adjudicatarios de no poner en funcionamiento la planta de Utebo y otros que vienen a apoyar una solución contraria”, y por ello ordenan la continuación de la instrucción. Impiden de esta forma el sobreseimiento del caso.

Denuncias de los trabajadores

Propiciará que un reguero de altos directivos, encabezados por la propia Sol Daurella, la máxima ejecutiva de la embotelladora de Coca-Cola en Europa, deban comparecer en el juicio que se abrirá en los próximos meses en Zaragoza.

Se sentarán en el banquillo de los acusados por las denuncias que han ido interponiendo desde poco después de la adjudicación de la unidad productiva los 56 empleados de la planta lechera. La plantilla de Central Lechera Española (Clesa) que se quedó bajo el control de Nueva Rumasa en la etapa de expansión del grupo.

Reestructuración de la actividad

Fueron afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) cuando el nuevo conglomerado industrial de los Ruiz Mateos quebró y se quedaron con nóminas pendientes de pago, además de la liquidación por su despido.

En el plan para reflotar Cacaolat que presentaron Cobega, Damm y Vicotry Turnaround en los juzgados mercantiles en 2011 se afirmaba que la reestructuración de la actividad en la empresa permitiría la reincorporación progresiva de la plantilla en la planta de Zaragoza. Pero nunca se hizo realidad y los empleados iniciaron el proceso jurídico.

Acusación

Acusan de estafa, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores a la alta dirección de la joint venture que se quedó el control de Cacaolat. El tribunal aragonés considera probado que existen indicios de que se “aparentó que se reflotaría la planta Lechera de Utebo, cuando en realidad la intención era la de cerrarla y mantener la producción en Barcelona”.

El grupo obtuvo una cifra de negocio de 57,8 millones de euros en 2016, los últimos datos consolidados ante el Registro Mercantil. Presenta un alza del 5% sobre los 54,7 millones de 2015 y la inmensa mayoría de los ingresos se obtiene en el mercado español, especialmente en Cataluña. Cacaolat es una de las marcas más conocidas en esta región.