El TSJC decidirá en abril si los ‘paros de país’ son legales

La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá decidir el próximo 26 de abril si la huelga general convocada por Intersindical-CSC el pasado 8 de noviembre, el segundo paro de país, es legal o no. La vista prevista para el pasado 28 de febrero se anuló para poder recabar más pruebas en el proceso.

Foment del Treball, la patronal denunciante, intenta medir en el marco de la instrucción el impacto económico de una convocatoria que asegura que está fundamentada únicamente en cuestiones políticas, algo que avaló el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. La norma preconstitucional que aún regula las huelgas en España prohíbe convocatorias sin una base laboral probada. Nunca se ha conseguido el consenso necesario para renovarla.

Compensación inicial

En la demanda inicial se pide una compensación de 100.000 euros a la entidad convocante, una organización independentista liderada por un histórico de Terra Lliure, Carles Sastre, con el 0,4% de la representatividad en Cataluña. Una fuerza que no sería suficiente para impulsar un paro general pero que en noviembre, y en plena escalada de tensiones por el procés, propició que la consejería de Trabajo de la Generalitat diera por buena la convocatoria.

Todo ello, en un momento en el que Intersindical-CSC había registrado un corolario de peticiones de huelga general que llegaron a durar seis días (del 10 al 16 de octubre). Esta protesta en concreto se retiró en el último momento.

Apoyo del Govern del 3-O

El primer paro de país, el que tuvo lugar el 3 de octubre, sí que fue bendecido por el Gobierno catalán. De hecho, se recomendó a los trabajadores públicos que se quedaran en casa porque no iban a abrir los edificios y se anunció que participar en la protesta no tendría un impacto en la nómina. Cuestión que se tuvo que rectificar después porque se abría la puerta a incurrir en un delito de prevaricación, ya que se pagaba por unas horas de trabajo que no se habían devengado. Resultado: la función pública tuvo que recuperar la jornada perdida en varios meses.

CGT se había unido a Intersindical-CSC en el registro de una huelga general, aunque CCOO y UGT de Cataluña apostaron por esta medida innovadora de protestar sin impacto en la retribución.

El seguimiento de la protesta fue masivo. No ocurrió lo mismo en noviembre, tal y como muestra el consumo eléctrico de ambas jornadas. Mientras que bajó el 8,3% en octubre, subió el 3,4% casi un mes después.

Paro simbólico del 8N

La Taula per la Democràcia, órgano en plena transformación, apostó en ese momento por un paro simbólico de unos minutos. Cuestión que se siguió al dedillo en la industria, el sector público, el comercio e incluso el transporte público. Fue el corte de más de 70 carreteras y la toma de las vías de tren como la de Estación de Sants --que han llevado a nueve acusados ante el juez-- dejaron a conductores atrapados que no pudieron llegar a sus puestos de trabajo y provocaron retrasos en la producción.

Se teme que la convocatoria de otro paro de país propicie el mismo escenario. Por ello, patronales y sindicatos intentarán evitar que las reclamaciones que se hacen desde algunos ámbitos independentistas lleguen a buen puerto.