El sindicato independentista que organizó el ‘paro de país’ lamenta las consecuencias legales

El sindicato independentista que organizó el segundo paro de país a principios de noviembre, la segunda convocatoria de huelga general en uno de los momentos álgidos de procés, ha cargado este viernes contra las consecuencias legales de la convocatoria. Intersindical-CSC, una organización independentista que tiene el 1,5% de la representatividad en Cataluña, ha cargado contra el impulsor de la demanda judicial.

Màrius Lleixà, su secretario, ha manifestado que Foment del Treball busca su “muerte civil y social” con la demanda interpuesta en el proceso. En ella, se le reclaman 100.000 euros por daños y perjuicios en una convocatoria que argumentan que no tenía una base laboral a pesar de resultar autorizada por la Generalitat de Cataluña.

Juicio el 28 de febrero

La patronal intentó frenarla al presentar un recurso en el que aseguraba que se trataba de una huelga política, algo prohibido por ley, no fue presentada dentro de los plazos legales y por una organización sin legitimidad para una convocatoria de estas características. Incluso solicitó su suspensión como medida cautelar.

La sala de lo social del TSJC refutó al argumentar que la determinación de la adecuación de legalidad de huelga se debe sustanciar en un proceso ordinario. El que tendrá lugar el próximo 28 de febrero, fecha fijada para el juicio oral.

Para los miembros de Intersindical-CSC, organización liderada por Carles Sastre, un histórico de Terra Lliure, la cuantía que los demandantes le reclaman es “astronómica”. Acusa a Foment del Treball de querer “impedir el funcionamiento normal” de la quinta fuerza sindical de Cataluña y argumenta que el proceso es un “grave ataque” al derecho de huelga de los trabajadores.

Petición de ayuda

“No lo podemos permitir ni como sindicato ni como país”, ha recalcado Perelló. Asegura que la patronal ha aprovechado el contexto político catalán para interponerla. Pide el apoyo de las fuerzas políticas independentistas y el resto de entidades sociales y sindicales que participaron en la jornada de huelga para hacer frente a las consecuencias jurídicas.

Cabe tener en cuenta que los sindicatos más representativos, UGT y CCOO de Cataluña, se desmarcaron de esta convocatoria. Se unieron a las protestas convocadas en horas específicas, pero no a un paro de productividad.

Perelló ha declarado que la convocatoria tenía como objetivo denunciar la “falacia” de la salida de la crisis económica y la precariedad laboral. Además de denunciar la suspensión por parte del Gobierno de leyes aprobadas por el Parlament como la de igualdad, la de medidas urgentes para la vivienda o la de pobreza energética.