La administración concursal que se hizo cargo de Unipost ha despedido este martes al hasta ahora director general, Pablo Raventós. La decisión del bufete de abogados Jausàs ha llegado después de que la empresa de mensajería entrara en liquidación la semana pasada al no encontrar comprador.
Al hasta ahora director general le corresponde una indemnización de 88.625 euros, siete días por año trabajado con un límite de seis mensualidades. La administración concursal, sin embargo, solicitará al juzgado bloquear el pago hasta que concluya si el concurso de acreedores de Unipost fue culpable o fortuito. La retribución de Raventós, que forma parte del accionariado de Codorníu, era de 36.000 euros mensuales.
Denuncia a Raventós
La compañía de mensajería, que la Guardia Civil registró al implicarla con los preparativos del referéndum del 1-O, entró en concurso de acreedores el 12 de julio de 2017 por insolvencia. Sus activos eran de 40,6 millones de euros mientras que su deuda ascendía a 47,4 millones.
Tras el inicio del proceso de liquidación de la semana pasada, CCOO anunció que denunciaría a Raventós, al considerarlo responsable del cierre de la empresa. El sindicato acusa a la dirección de Unipost de “malas prácticas”, de no haber ideado un plan estratégico y de usar los recortes continuados como única forma de hacer la empresa viable económicamente.
Registro de la Guardia Civil
La sede que Unipost tiene en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha sido registrada en más de una ocasión por la Guardia Civil. Los agentes accedieron al edificio el 19 de septiembre, en busca de documentación sobre el referéndum, las papeletas, el censo electoral y las notificaciones para formar las mesas.
El 14 de diciembre, volvieron a entrar en Unipost en el marco de la investigación de la organización del referéndum. El juez busca pagos de la Generalitat a la compañía por el 1-O. Unipost ya había sido la empresa encargada de la mensajería en la consulta del 9 de noviembre de 2014 organizada durante del Govern de Artur Mas.