El Tribual Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrirá juicio el próximo 28 de febrero para decidir si impone multas por la convocatoria del llamado segundo paro de país, la huelga general que Intersindical-CSC organizó el pasado 8 de noviembre. Foment del Treball, la patronal que interpuso la demanda ante los tribunales, ha recordado este lunes los argumentos que ha esgrimido ante el juez para pedir que se censure la protesta.

Ha incidido en la motivación política de las huelgas convocadas, los defectos formales que tenían al no ser notificadas con 10 días de antelación a los afectados y las falta de legitimidad del sindicato convocante. El director de Relaciones Laborales de la gran patronal catalana, Javier Ibars, ha asegurado que la consejería de Trabajo de la Generalitat otorgó a Intersindical-CSC, una organización independentista liderada por un histórico de Terra Lliure, Carles Sastre, el 0,4% de la representatividad en Cataluña.

“No dispone de la representatividad, la legitimidad e implantación para convocar una huelga general con sus consecuencias”, sentencia el representante de la parte empresarial. 

Trimestre convulso en protestas laborales

Por todo ello, espera que los magistrados del alto tribunal catalán les den la razón. Asegura que Foment del Treball no se ha movido exclusivamente por la limitada fuerza real del convocante. Ibars asegura que acudir a los tribunales era la única opción de la que disponían en un último trimestre especialmente “convulso” a nivel de conflictividad laboral.

Relata como siguieron un corolario de convocatorias de huelga general “de forma casi ininterrumpida desde el 3 de octubre hasta el 9 de noviembre por cuestiones políticas”. Una excepción que está expresamente prohibida en el Real Decreto que rige las protestas laborales en España. Cabe tener en cuenta que se trata de un documento preconstitucional que en los más de 30 años de democracia ha sido imposible renovar, cuestión con la que Foment del Treball se ha mostrado muy crítica.

Duración de la protesta

En cuanto a los dos paros de país que se convocaron tras la celebración del referéndum del 1-O ilegalizado, una fórmula de protesta que contaba con el apoyo de la Generalitat y que implicaba poder paralizar la actividad productiva sin consecuencias sobre el salario, también marcaron un hito en la duración de las protestas.

Hasta la fecha, todas las huelgas generales que se habían convocado en España “duraban como máximo 24 horas”, aunque entre octubre y noviembre en Cataluña se sucedieron varias de hasta “10 o 15 días de forma interrumpida”, aunque no llegaron a prosperar.

Primeros meses del año

A pesar del incremento de la conflictividad laboral en los últimos tres meses de 2017, el ejercicio pasado se recordará como uno especialmente tranquilo en cuanto a protestas. Foment del Treball indica que tuvieron lugar 92 huelgas en Cataluña entre enero y septiembre, 13 menos que el mismo periodo del ejercicio anterior.

Se perdieron 54.985 jornadas laborales, el 34% menos que las registradas en 2016.