Colau tarda un año en constituir su frente de ayuntamientos por la remunicipalización del agua

El Ayuntamiento de Barcelona se convertía a finales de marzo de 2017 en el escenario en el que siete alcaldes de izquierdas de la corona metropolitana se comprometían a luchar juntos a favor de la gestión pública del agua, una de las políticas de bandera de la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau. La líder de BComú impulsó la constitución de la Asociación de Municipios y Entidades para la Gestión Pública del Agua. Este miércoles, 10 meses después del acto institucional, se ha celebrado en el mismo escenario la asamblea constituyente.

¿A qué se debe el retraso? Según los allegados al equipo de gobierno municipal a que, más allá de apostar por la municipalización de los servicios, los equipos locales se durmieron en los laureles en el desarrollo de líneas de trabajo conjuntas. Señalan, asimismo, la complejidad de impulsarlas por las distintas casuísticas de cada localidad respecto a este servicio.

Realidad de cada ciudad

Entre los ayuntamientos firmantes están desde Terrassa, donde los socialistas se han dado de margen hasta el próximo verano para completar el primer proceso de remunicipalización del servicio real en Cataluña, hasta El Prat del Llobregat, la única ciudad de la zona que presta de forma directa el servicio desde 1998.

Sin contar los municipios cuya gestión está en manos de la empresa mixta que da servicio en el área metropolitana. Hecho que diluye el margen de maniobra real de los ayuntamientos de constituir una empresa municipal de titularidad pública para traspasarle la gestión del servicio.

Campaña de marketing

Los impulsores de la asociación aseguran que el objetivo fundamental es difundir y promover la gestión pública del agua. Señalan, asimismo, que en los 10 meses que han pasado desde la reunión inicial se ha trabajado en dar forma a un plan de actuación cuya máxima es impulsar una estrategia de marketing para cumplir con este objetivo. Se vehiculará a través de una campaña de comunicación.

Tienen pendiente iniciar una ronda de contactos con otros municipios, universidades, sindicatos y la llamada sociedad civil para sumarla a su lucha. Incluso contemplan incorporar a los interesados en la asociación.

Municipios firmantes

De hecho, señalan que ya han hecho lo propio varias empresas públicas y entidades: Barcelona Cicle de l’Aigua (BCasa), la empresa pública que gestiona la red de alcantarillado de la capital catalana, las fuentes públicas ornamentales y las playas y su litoral; Aigües del Prat, la compañía pública de esa ciudad; y Enginyeria sense Fronteres, la organización donde trabajaba el actual concejal de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia, antes de entrar en el equipo de gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Barcelona ocupará la presidencia de la asociación y el de El Prat del Llobregat, gobernado por Lluís Tejedor (ICV-EUiA), la vicepresidencia. El resto de la comisión ejecutiva de la entidad estará formado por los representantes de los consistorios que firmaron en marzo de 2017 la constitución institucional.

Es decir, los de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa. Localidades con alcaldes de partidos en la órbita de Catalunya en Comú, la CUP y la corriente más podemita del PSC.