La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo inicia este semana el debate sobre la guerra del agua en Cataluña, un conflicto que enfrenta a Acciona y la Generalitat contra el grupo Agbar desde 2012. La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) es la mayor que ha ejecutado nunca la Generalitat de un solo activo y su futuro tendrá un impacto considerable en las cuentas públicas.

La concesión implicó desconsolidar 995,5 millones de euros de la deuda pública de ese ejercicio en un movimiento contable que contó con el visto bueno de la Intervención General de la Administración del Estado (IAGAE). Además de ingresar 298,6 millones en la fecha de la firma del contrato, el 27 de diciembre, cantidad que el concesionario ha aumentado a lo largo de los seis años de vigencia del contrato.

Anulación del TSJC

Los magistrados del Supremo deliberarán sobre dos recursos de casación a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2015 anular el procedimiento. Al analizar a fondo el proceso de concesión consideró que quedaba probado que el Gobierno catalán había vulnerado los “principios de publicidad, concurrencia e igualdad”. Hecho que anulaba todo el proceso.

Tras conocer esta decisión, que llegó en la segunda legislatura de Artur Mas, la Generalitat decidió continuar con el proceso judicial. Acciona también hizo lo propio, en nombre de la empresa concesionaria y uno a título de la cotizada. Los magistrados del Supremo analizarán el primero de ellos con el del Ejecutivo catalán el próximo martes, mientras que el segundo se analizará el 6 de febrero.

Resolución final

Se espera que la resolución final se publique a lo largo del próximo mes. Se acabará de este modo el caso ATLL, ya que el Tribunal de Luxemburgo no actúa en conflictos en concesiones públicas. Los juristas europeo abordan cuestiones sobre competencias comunitarias, como la que el juez mercantil de Barcelona José María Fernández Seijó (ahora en la Audiencia Provincial de la capital catalana) planteó en su día sobre las cláusulas suelo.

Para abordar este tipo de conflictos la Unión Europea dio forma a unos organismos independientes que debían mediar en las licitaciones públicas, foco de conflictos. Se trata de los tribunales contractuales, adscritos a los gobiernos comunitarios en España. Pero en el conflicto de ATLL fue este organismo el primero en que enmendó la adjudicación por los errores del proceso en los primeros días de 2013.

Resolución de 2013

La entonces OARCC, actualmente Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), ya había actuado antes de la adjudicación al consorcio liderado por Acciona, en el que la familia Rodés y el empresario Manuel Torreblanca cuentan con una participación minoritaria. Agbar había llevado a este tribunal la plica de su rival en el proceso al señalar que existían errores.

También denunció que la Generalitat le había negado el acceso a la misma para presentar el recurso al declarar la confidencialidad de la totalidad de la plica, algo inaudito en el sector.

Fue el calendario de obras el que finalmente provocó que el TCCSP manifestara que suponía un incumplimiento de los pliegos de condiciones destacable (situaba la ejecución de proyectos al final de los 50 años de concesión, con efectos en el canon) y declaraba que era motivo de exclusión. Por lo que anuló el acto de adjudicación y obligó a retrotraer la licitación hasta el momento anterior a la firma del contrato.

Anulación en 2013

La interlocutoria firmada por Juan Antonio Gallo el 2 de enero de 2013 nunca se llegó a ejecutar. Aunque era de obligado cumplimiento, la Generalitat la desoyó y posteriormente la recurrió ante el TSJC. Inició de la mano de Acciona un proceso en el que solicitaba a los magistrados que permitieran la vigencia del contrato firmado como medida cautelar.

No se lo concedieron, ni en el TSJC ni en el Supremo. Aunque tampoco se alteró la concesión al alegar que se necesitaba una resolución sobre el fondo de la cuestión, la que llegó en junio de 2015 que, igualmente, no se ejecutó a la espera del Supremo.

Problemas económicos

Tanto CDC (ahora PDeCAT) como ERC han admitido que anular la concesión y reembolsar los ya casi 500 millones a Acciona pone en un brete las finanzas catalanas. La concesión de ATLL se firmó en un momento de transición entre las dos legislaturas de Artur Mas, en el inicio del proceso independentista y cuando la Generalitat no tenía dinero ni para pagar las nóminas de los funcionarios públicos en diciembre de 2012.

Seis años más tarde la situación económica ha mejorado y el Ministerio de Hacienda opina que Cataluña tiene posibilidades de alcanzar finalmente el objetivo de déficit del 0,6% del PIB acordado para 2017. En cuanto al TCCSP, el Gobierno decidió no renovar en el cargo al funcionario molesto y ha nombrado a una nueva presidenta.

Resolver el caso ATLL si finalmente se confirma el criterio del TSJC será el gran reto del próximo Govern.