El polémico intento de la Generalitat de ordenar las ayudas a las personas con discapacidad de Cataluña tras seis años de recortes ha acabado en los tribunales. La Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (Fecetc), unas de las entidades más representativas del sector, ha decidido dar el paso y presentar un contencioso administrativo ante el TSJC.
Argumenta que las cantidades que se han movilizado en 2017 no cumplen con la normativa estatal de subvenciones. Es decir, con la directriz de cubrir el 50% de lo correspondiente al salario mínimo interprofesional (SMI) de los beneficiarios, indican las fuentes de la organización consultadas.
Litigio abierto
No es la primera ocasión en que deciden interponer un contencioso-administrativo en este sentido. De hecho, se espera que a principios de febrero el alto tribunal catalán publique su resolución al recurso que se interpuso por el programa de ayudas de 2014.
En ese momento el Gobierno catalán ni siquiera había actualizado el registro de personas con discapacidad que tenían derecho a recibir una ayuda pública por el tijeretazo impuesto tres años antes para contener el gasto público, relatan los afectados. La última consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, enmendó esa política y reconoció que hasta el ejercicio pasado había unas 16.000 personas que tenían derecho de recibir la subvención.
Pero la actualización de los afectados no tuvo efecto en los recursos movilizados, el subyacente del conflicto entre la Generalitat y los gestores de los Centros Especiales de Trabajo (CET), los que crean la mayoría de empleo dentro del sector.
Discrepancias por las cantidades
Bassa acusaba a Madrid de no remitirles las cantidades necesarias para cubrir las necesidades de los afectados, aunque a los denunciantes afirman que no les cuadran las cuentas. Manifiestan que el Gobierno central anunció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que otorgaba 65 millones a la Generalitat para este fin, una cantidad que casi llegaba al 50% de cobertura pública que indica la ley.
Aseguran que la conselleria les anunció en un primer momento que solo disponía de 22 millones para este fin, que elevó la cantidad hasta los 32 millones tras las primeras quejas del sector y que finalmente se plantó en 42 millones. “Nos faltan 20 millones y queremos saber dónde están”, declaran fuentes de la federación que ha denunciado.
Pacto con una de las patronales
Los portavoces del departamento de la Generalitat indican que aún no se les ha comunicado de forma oficial el recurso contencioso-administrativo que se ha interpuesto ante el TSJC. Asimismo, señalan que la Fecetc no es la organización mayoritaria del sector y que no “firmó el acuerdo” al que se llegó para rebajar la cobertura pública de la subvención hasta el 25% del SMI, la cantidad que afirmaron que se podía alcanzar con los fondos disponibles.
Un trabajador con una discapacidad física en una oficina / ONCE
Un trabajador con una discapacidad física en una oficina / ONCE
El pacto al que hacen referencia es el que se rubricó con CEITIP, una patronal con pocos centros adheridos pero que representa un número importante de beneficiarios de las ayudas a la discapacidad. Forma parte de ella el grupo SIFU, una de las empresas más importantes en Cataluña.
Situación insostenible
Los interlocutores de Fecetc consultados se quejan que la gran dependencia del sector a las ayudas públicas ha erosionado el trabajo de las patronales y ha impuesto un silencio entre los damnificados por miedo a perderlas. “Pero la situación se debe denunciar”, afirman.
Recuerdan que Bassa ya creó un caos en el sector al redefinir la discapacidad en Cataluña, hecho que apeó a antiguos beneficiarios con problemas físicos o mentales menores, por ejemplo, del programa de subvenciones. Hecho que asfixió económicamente a los Centros Especiales de Trabajo (CET) y provocó despidos entre colectivos vulnerables.
Valorar la capacidad de empleo
La reclamación del sector era que la valoración incluyera también la vertiente de las posibilidades de empleabilidad y no sólo el cuadro médico.
Argumentan que no tiene las mismas posibilidades de encontrar trabajo una persona en silla de ruedas en Barcelona que en un pueblo del Pallars Jussà, por lo que sería más justo y equitativo que también recibiera más ayudas públicas.
Aplicación del artículo 155
Las espadas estaban en alto entre la mayoría de representantes del sector y la Generalitat en el momento en el que se aplicó el artículo 155 y se convocaron las elecciones del 21 de diciembre. Una fecha gravada a fuego entre los afectados, ya que esa misma mañana se publicó el programa de ayudas para 2017.
Los portavoces de Fecetc recuerdan que recortar en discapacidad tampoco no resulta precisamente un negocio redondo para las arcas públicas. “Cada euro que se invierte tiene un retorno de 2,8 euros”, aseguran. Por todo ello, esperan que los tribunales les den la razón.