El Ayuntamiento de Terrassa se ha dado de margen hasta el próximo verano para completar la municipalización del agua, el primer proceso de estas características que se ha emprendido en Cataluña, en una ciudad de 215.121 habitantes. El relevo en la alcaldía socialista no ha implicado un cambio en la decisión política de mayor envergadura que se ha tomado en la legislatura. Cabe tener en cuenta que Alfredo Vega era teniente de alcalde y concejal de Agua antes de coger el testigo de Jordi Ballart.
El alcalde dimitido fue el encargado de dar los primeros pasos en el proceso. Impulsó la creación de la sociedad Aigua Terrassa, EPEL y dotarla de sus propios estatutos y reglamentos básicos para que se pudiera convertir en la nueva responsable de abastecer al municipio.
Alegaciones hasta el 10 de febrero
El proceso ha llegado ahora a la etapa de presentación de alegaciones. Los responsables municipales tienen hasta el próximo 10 de febrero para contestar el aluvión de cuestiones que han recibido. Las han presentado los agentes económicos de la ciudad y el principal afectado en la remunicipalización, la empresa Mina Pública de Terrassa, del grupo Agbar.
La compañía entregó a finales de noviembre un documento con más de mil páginas con cuestiones que se deberán atender desde el consistorio. Desde la denuncia de que el nombre de la empresa pública es demasiado similar a la denominación comercial del gestor actual, Aigües de Terrassa, a las consecuencias técnicas y legales sobre la puesta en marcha del nuevo modelo. Se cuestionan elementos que se han puesto sobre la mesa en la remunicipalización, como la presunta rebaja del coste del servicio.
Efectos laborales
También han presentado sus propias consideraciones al ayuntamiento los trabajadores de Mina, preocupados por su futuro laboral. Muestran su inquietud por que la subrogación de los empleos mantenga todas las condiciones laborales del convenio vigente en la concesionaria actual, además de que la transición no contemple un recorte en los puestos de trabajo.
Estas apreciaciones no se han vehiculado a través de los sindicatos presentes en el grupo. El comité de empresa mantiene su promesa de quedarse al margen del debate político de la remunicipalización a pesar de fiscalizar que se mantienen los derechos laborales de la plantilla afectada. Algo que, por el momento, no se ha abordado.
Contencioso administrativo
La remunicipalización del servicio del agua de Terrassa, el mejor valorado de la ciudad por sus habitantes, tal y como indicó el sondeo de opinión publicado por Crónica Global, avanza de forma paralela a los procesos judiciales abiertos.
Los accionistas de Mina han abierto un contencioso administrativo contra el proceso. Por el momento, tres tribunales han desestimado las peticiones de paralizarlo en fase cautelar.