Jaume Roures amenaza a Crónica Global. El fundador y accionista de referencia de Mediapro amaga con tomar acciones legales contra el medio digital por un artículo que revelaba que el conglomerado ganó un contrato por un valor estimado de 312.000 euros a semanas del referéndum ilegal del 1-O, que la firma cubrió con un centro internacional de prensa.
El directivo, en un burofax que firma de su puño y letra, exige una rectificación al medio digital en tres días por "dañar" su "buen nombre y reputación y vulnerar" en definitiva su "derecho fundamental al honor".
El documento para cambiar el contenido periodístico llega después de que Roures emprendiera acciones legales contra Crónica Global por otra publicación en la que se recogía el malestar de los trabajadores de TV3 por la politización de la cadena, en la que el ejecutivo facturó vía productoras durante al menos 10 años.
Dos enmiendas erróneas
En esta ocasión, el fundador de Mediapro e impulsor de Público se centra en tres elementos informativos, dos de los cuales están expresamente expuestos en páginas de información oficial de la Administración.
El grupo audiovisual alega que la adjudicación del contrato Externalización de un centro de procesamiento de datos por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) a Mediapro Cloud, una filial del conglomerado, tuvo lugar el 11 de agosto, y no el 7 de septiembre como apuntaba este medio.
Pues bien, en el portal oficial de contratación de la Generalitat se cita expresamente que la formalización del contrato fue en esta última fecha, el 7 de septiembre, la que indicó Crónica Global inicialmente.
El directivo, en su escrito, alega que el importe total del contrato es de 212.324,90 euros, "cifra que dista de la cantidad de 312.000 euros de la que ha informado erróneamente" este medio. De nuevo, el ejecutivo yerra en su análisis, pues la información apuntaba al "valor" del contrato. Dicha cantidad estimada es, según las fuentes oficiales, de 312.000 euros sin IVA.
Un matiz
El único elemento de los tres de rectificación que sí puede demostrar Roures es que los tres rivales de la licitación que le otorgó Josep Rull, consejero de Territorio y a la sazón presidente de la ATM, ID GRUP SA, Anco Sistemas de Gestión e Ingeniería de Equipos Auxiliares de Informática SA, fueron descalificados de la oferta económica y no renunciaron a presentarlas.
El hecho se produjo porque, según los pliegos de condiciones del concurso, las tres firmas no llegaron a los 30 puntos en la tabla de valoración de las ofertas técnicas.
En cualquier caso, la tesis del artículo del medio continúa siendo la misma: una filial de Mediapro ganó un contrato con una institución que controla la Generalitat a semanas —siempre según la fecha de formalización del contrato— del referéndum ilegal del 1-O, cuando el grupo montó un centro internacional de prensa.
Flirteo con el nacionalismo
Las facilidades para la cobertura mediática de una consulta cuya ley había sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) es el último episodio de flirteo de Mediapro con el nacionalismo catalán.
Antes, el conglomerado audiovisual que fundaron el propio Jaume Roures, Tatxo Benet y Jaume Ferrús —que después abandonó la firma— financió la producción del documental Las cloacas de Interior, que intentaba destapar los entresijos policiales del Estado.
El propio Tatxo Benet es socio de Femcat, una suerte de lobby empresarial nacionalista, y participó en Volcat, firma que intentó la fallida aventura de Spanair con, en su mayoría, dinero público.
La callada cercanía de Roures con el soberanismo catalán se rompió en mil pedazos cuando El Confidencial destapó el pasado agosto que el directivo despachó en su casa con Oriol Junqueras, Marta Rovira y Oriol Soler (ERC) y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.
El encuentro, según publicaron después otros medios, había sido solicitado por los republicanos.