A dos días del referéndum y en un momento álgido del procés, el conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, ha iniciado los trámites necesarios para dotar a Cataluña de una Ley de Cámaras de Comercio propia. Una norma que intentaron aprobar sus dos predecesores en el cargo, Felip Puig y Jordi Baiget, aunque se vieron obligados a dejarla en un cajón por la negativa frontal de los territorios a transformar las organizaciones de dinamización empresarial en otra herramienta del independentismo.

Una de las polémicas capitales de las propuestas anteriores fue la transformación del actual Consejo General de Cámaras de Cataluña en una especie de contrapoder a la Cámara de España que se pudiera usar como mecanismo de internacionalización del movimiento independentista. Argumentaron que en este escenario saldría perdiendo su principal tarea con las redes camerales de todo el mundo. Es decir, facilitar el comercio.

Cámara General Catalana

La propuesta que estará en debate los próximos dos meses contempla la creación de la Cámara General Catalana. Mantiene la responsabilidad de “colaborar y cooperar con la Generalitat y el resto de instituciones catalanas” y de coordinarse con las organizaciones territoriales. Debe impulsar los “planes generales como instrumento de planificación mediante los que se definirán los objetivos estratégicos y las actuaciones a desarrollar”.

El Govern define los “ámbitos de actuación preferente” y el primero de ellos es, precisamente, la internacionalización. Por delante de la “emprendeduría y el fomento de la creación de empresas y la formación profesional”.

Fuentes de la organización empresarial critican que Vila mantenga con este elemento la pretensión de usar a la Cámara como una estructura de Estado. Indican que ha empezado el plazo para presentar enmiendas y el redactado final de la norma puede variar. Por ahora, a algunos disgusta incluso el nombre que se ha elegido para esta organización.

Plenos, limitación de mandatos y fusiones

Para la Cámara General Catalana se ha proyectado un Pleno de 60 vocales. De todos ellos, 40 serán representantes de diferentes sectores económicos que se escogerán “mediante sufragio proveniente de los Plenos de las diferentes cámaras” y con las garantías de que el 50% de ellos serán pymes, según el redactado. El resto se elegirán entre las empresas que realicen una “mayor aportación económica” tanto individual como colectiva.

Se trata de una composición parecida a la que se recoge en la adaptación legislativa que Baiget autorizó en junio para permitir a las organizaciones celebrar elecciones. Permite que los Plenos estén compuestos por entre 10 personase y 60 personas. En cuanto a la limitación temporal, tanto los presidentes como los vicepresidentes y los tesoreros podrán desempeñar sus cargos como mucho dos mandatos.

En cuanto a las fusiones, la propuesta incluye eliminar los plazos y “abre la posibilidad que la Generalitat suspenda o disuelva los órganos de gobierno de las cámaras en caso de funcionamiento anormal o transgresión del ordenamiento jurídico vigente”. Una directriz que ha sido muy comentada desde algunos sectores de las organizaciones. El anteproyecto de ley se ha sometido a exposición pública dos días antes de la celebración de un referéndum ilegal.