El Gobierno catalán presentó la semana pasada un informe en el que intentaba justificar que un sistema de Seguridad Social exclusivamente catalán sería más sólido y viable desde el punto de vista económico que el español. El primer documento técnico elaborado por la vicepresidencia de Economía y Hacienda y la conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que aborda una de las cuestiones que más inquieta del procés: el futuro de las pensiones públicas ante una ruptura unilateral con España. Con todo, los expertos consultados más que certificar la imagen de tranquilidad que se pretende dar a lo largo de 53 páginas cuestionan la metodología y los análisis de datos que se han usado para llegar a esta conclusión.

Desde lo más básico, el lenguaje y terminología usado en el documento. Aseguran que es confuso y que no resulta propio de los análisis relacionados con las pensiones. “Pienso que se trata de un informe que se ha elaborado con prisas por la difícil situación que vive Cataluña en estos momentos”, indica la profesora de la Universidad de Barcelona (UB) especializada en previsión social pública y privada Manuela Bosch.

Confección incorrecta

Resume los “puntos débiles” del documento de la Generalitat en tres apartados: “La fijación de un objetivo sí está bien definido en la introducción, pero no acaba de encajar con lo que se desarrolla en los diferentes apartados”; “la introducción de mucha información pero tratada a nivel básico en series históricas muy cortas en las que no se hace ninguna proyección futura”; y el “uso de términos no habituales en materia de pensiones que generan confusión y el uso de conceptos que se tendrían que haber pulido con la incorporación de una referencia bibliográfica más extensa y plural”.

Y es que el estudio del Gobierno catalán se ha realizado con tan sólo tres documentos, todos ellos realizados por partidarios de la ruptura sin datos que representen una antítesis para contrastar y poder llegar a una síntesis. El libro Como Austria o Dinamarca. La Cataluña posible, publicado por Modest Guinjoan, Xavier Cuadras y Miquel Puig; el artículo Las pensiones en la Cataluña estado, en el conjunto del estado del bienestar de Concepció Patxot y Guadalupe Souto; y el Libro blanco de la transición nacional de Cataluña que la Generalitat editó en 2014.

Estudio inoperante

La profesora de la UB y experta en pensiones María Reyes Pérez afirma que se trata de un “trabajo poco elaborado, se mezclan conceptos y contenidos que deberían ser analizados y tratados por separado y, por último, no tiene una estructura cuantitativa y formal apropiada para el objetivo que se pretende”.

Indica que, a su parecer, entiende que el informe “debería exponer cuál es la situación actual de la Seguridad Social catalana dentro del conjunto de la Seguridad Social, cuál es la estructura de edades de la población catalana y cómo afecta a las cargas previstas, realizar una proyección (tal vez utilizando la Muestra Continúa de vidas laborales), hablar de las pensiones de viudedad e invalidez, que no dejan de crecer”. “Pero no se hace nada de esto”, lamenta.

Confusiones lingüísticas

En cuanto a las confusiones lingüísticas que ponen sobre la mesa, las dos profesoras y estudiosas de las pensiones señalan que el documento hace referencia a los “fondos de Seguridad Social en Cataluña” en lugar del “sistema de la Seguridad Social” y que a lo largo de todo el documento habla de “viabilidad de las pensiones como sinónimo de sostenibilidad“ cuando son dos conceptos diferentes que se confunden desde el mismo título del documento, ya que hace referencia a la viabilidad cuando el objetivo del mismo es justificar la sostenibilidad del sistema de pensiones catalán en el tiempo.

También apuntan a que se hace referencia a las “características de los sistemas de pensiones” cuando el Gobierno catalán quiere hablar del financiación y a que confunde la evolución de los fondos de la Seguridad Social con el de los flujos de ingresos y gastos.

Fallos conceptuales

Pero más allá de estas cuestiones que se podrían adaptar en una revisión, han encontrado fallos a nivel conceptual que hacen tambalear todo el análisis. Como la información temporal que se usa para llegar a la conclusión, confusa en los diferentes apartados del documento. Por ejemplo, se analizan los saldos entre ingresos y gastos de los últimos cuatro años tanto de las pensiones contributivas como de las no contributivas del sistema español y se diferencia entre Cataluña y el resto del España para finalizar con un gráfico de flujos de mayor temporalidad.

Se analiza la evolución del fondo de reserva y se añaden indicadores que están vinculados o bien al análisis de la sostenibilidad de las pensiones o a la adecuación, pero sin diferenciarlos. Se parte de una serie histórica de una década únicamente de la pensión de jubilación, pero con la suma de gráficos como la tasa de actividad, la de ocupación, la de paro o la de temporalidad de otros periodos.

Información desestructurada sin proyecciones

“Toda esta información creemos que está desestructurada y no es suficiente para valorar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social de Cataluña, si realmente éste es el objetivo”, concluyen las expertas. Afirman que se deberían haber realizado “proyecciones futuras que aquí no se han tenido en cuenta”.

Destacan otros errores del documento, como pasar de puntillas por la reforma de 2013 que afectó al índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad. Además, este último no vincula la pensión inicial con las cotizaciones, sino que se basa en un cociente entre esperanzas de vida. Al menos en el caso español, aunque no queda claro si en la Seguridad Social catalana se innovará en este aspecto o se apostará por una propuesta continuista. Lo único que certifican las expertas es que en el documento presentado se mezclan conceptos.

Asimismo, indican que hubiera sido bueno introducir en el análisis la bibliografía adicional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que mantienen que en materia de pensiones, no basta con las reformas de la ley 27/2011 que incide en cuestiones paramétricas ni en la 23/2013 sobre la revalorización y el factor de sostenibilidad.

Por todo ello, la sostenibilidad de las pensiones en una Cataluña independiente es una cuestión que continúa en el aire.