La Generalitat encaja el enésimo varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su intento de redistribuir la representatividad empresarial entre las organizaciones con más peso en el mapa catalán. El alto tribunal ha desestimado el recurso que presentó el la conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, encabezada por Dolors Bassa, junto a Pimec a principios de año para que permaneciera su reparto paritario.

Es decir, la decisión que la exlíder sindical en Girona tomó en abril de 2016 de otorgar el mismo peso a Foment del Treball, Fepime y Pimec. El 33% de representatividad para cada patronal.

Reiteración de la medida cautelar

El TSJC mantiene abierto el proceso para analizar la validez de una resolución salomónica que Bassa tomó tras años de enfrentamientos entre las partes y en un contexto político en el que la gran patronal y su organización asociada enfocada a defender los intereses de las pymes habían sido las más beligerantes contra el procés. Un factor que los allegados al departamento de Trabajo aseguran que pesó en el nuevo reparto, aunque sus portavoces siempre lo han negado.

Ahora, el alto tribunal reitera la decisión tomada en enero de suspenderla de forma cautelar “mientras se sustancia el presente procedimiento”, indica el auto al que ha tenido acceso Crónica Global.  

Reparto ya realizado

El auto que se ha remitido a las partes es breve. En él, el tribunal del que forman parte Jordi Bou, Javier Bonet, Montserrat Figuera y Virginia de Francos indica que “ambos recursos de reposición parten de dos premisas que no se ajustan a la realidad”.

Los jueces afirman que “no parece quedar justificado que vuelva a regularse provisionalmente lo ya regulado en este carácter”. Señalan que en diciembre de 2013, y tras una sentencia que el Tribunal Supremo había dictado en septiembre de 2012, la Generalitat fijó en el 60% el peso de Foment en el mapa patronal catalán, otro 25% para Pimec y el 15% restante a Fepime.

Conflicto desde hace cinco años

Este apunte marca el sentido de la resolución definitiva, indican fuentes legales. El conflicto patronal en Cataluña parte de la decisión de Fepime de pedir a la Generalitat que le reconociera como un actor relevante. Lo consiguió por silencio administrativo entre el final del segundo tripartito y el inicio de la primera legislatura de Artur Mas.

La más perjudicada por una actuación validad por los tribunales fue precisamente Foment del Treball, ya que conseguía su porcentaje de participación del 75% que había mantenido hasta ese momento. A Pimec, la organización presidida por Josep González, no le afectaba. Pero decidió recurrir para ganar peso.

Cabe recurso de casación

Litigó ante el TSJC y el Supremo, pero sus recursos fueron tumbados. González se mantuvo en pie de guerra y consiguió el apoyo de la Generalitat para reformular el mapa patronal catalán. Por el momento, con la misma suerte.

Cabe interponer recurso de casación ante el Supremo ante la decisión que la sala tomó el 21 de junio. Para recurrir, las partes deberían depositar 50 euros cada una de ellas. No se ha tomado ninguna decisión al respecto. Cabe tener en cuenta que el mismo día en que se notificaba el resultado del recurso a las partes el Govern presentaba a los independentistas su ley del referéndum. La prioridad actual del Ejecutivo de Carles Puigdemont.