¿Amenaza el revés del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a Uber a la nueva economía? Partidarios y detractores de las intermediarias discrepan, pero coinciden en un punto: las leyes de la sociedad de la información son una coraza para estas empresas. Con este escudo, difícilmente habrá efecto.

"La opinión del letrado, que no es una sentencia, ha generado ruido. Pero lo sustantivo es si las plataformas ofrecen servicios o si sólo intermedian entre particulares. En el caso de UberPop, el abogado arguye que sí ofrecía servicios, porque fijaba el precio y las condiciones", explica Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de Legal Sharing.

"Ese no es el caso de Airbnb o BlaBlaCar --continúa--. De hecho, estas plataformas no ofrecen servicios físicos subyacentes, por lo que son inviolables. ¿Por qué inviolables? Porque la libertad de vender servicios al ciudadano es uno de los cuatro pilares de la Unión Europa".

De hecho, los tribunales españoles han sentenciado en esta dirección: avalando que las tecnológicas venden servicios, no contenidos. Lo hicieron el pasado febrero en Madrid con BlaBlaCar y con Airbnb en Cataluña en diciembre de 2016.

"Sí es extrapolable"

Una opinión distinta tiene Alejandro Touriño, socio director del bufete legal ECIJA. Según el profesional, "hay que esperar a la sentencia del TJUE de octubre. Pero la opinión del abogado general sí es extrapolable a la actividad de otras plataformas".

Bajo su punto de vista, el varapalo prejudicial a Uber "puede afectar a cualquier marketplace que ponga en contacto a internautas, siempre que éstos obtengan un lucro".

Siguiendo con este argumento, Touriño alerta de lo que él ve nuclear. "¿Queremos dar incentivos a las empresas digitales para que operen en Europa o no? Porque si Uber no puede trabajar libremente en el continente, su capitalización decrecerá, entre otras consecuencias", alerta.

Dura regulación

Aunque las opiniones de los letrados parezcan indicar lo contrario, lo cierto es que Airbnb, Uber o BlaBlaCar están defendidas por un armazón legal muy sólido: la directiva europea de servicios.

"Esta norma paneuropea se transpuso en España en 2009. El espíritu es el mismo: no se puede limitar la actividad de las plataformas intermediarias. Éstas, explicitan los textos, no son responsables del contenido que transmiten, salvo que lo hayan creado ellas o participen en su generación", aclara Touriño.

Con este argumento legal, las puntocom han ganado sentencia tras sentencia en España. La última fue el 26 de abril en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La corte concluyó que el decreto autonómico que limita el alquiler vacacional "vulnera la libre competencia en la prestación de servicios".

"En esencia, el TSJC le dice al Gobierno canario que Airbnb o cualquier otra intermediaria vacacional no deben regirse por la normativa sectorial. Sólo deben ceñirse a la normativa de prestación de servicios digitales", ilustra Rosa Guirado.

"Sin normas, el consumidor pierde"

Mientras, los partidarios de un mayor control celebran la opinión anunciada el jueves en Luxemburgo. "Es lo que veníamos manteniendo: algunas plataformas no sólo intermedian, sino que presta servicios. Y es más, si los ofrecen, deben someterse a las mismas reglas que el resto", argumenta Montse Balagué, de SBC Abogados.

Este bufete tiene mucho que decir, pues es el que ha doblado a Uber en el TJUE. "En el caso concreto del transporte, es flagrante. Porque se debe proteger al consumidor de las empresas que quieren operar con total libertad y sin reglas", asevera. 

"Si quiero ejercer la abogacía sin tener la carrera ni pagar tasas al colegio, tendré una ventaja competitiva sobre el resto. Y, ¿qué garantías ofreceré al consumidor o usuario?", se pregunta.

Balagué estima que "muchos consumidores no saben que muchas plataformas digitales trabajan con una falsa apariencia de legalidad. Y si no acatan la normativa de cada Estado miembro, tribunales y administraciones deberían meterlas en cintura".

Sharing España: "Falta un marco claro"

En el otro polo de opiniones, uno de los entes que lamentan la "judicialización" de este sector es Sharing España. Miguel Ferrer, colaborador del organismo, cree que el mazazo a Uber en Luxemburgo "aflora la necesidad de tener un marco normativo claro".

Según el también experto en regulación, la opinión del abogado sobre la intermediaria "hace referencia a un caso muy concreto: el de UberPop". Aun así, "es un fracaso que se diseñe el tablero de operación de las plataformas digitales en los tribunales".

Ello, no obstante, podría quedar resuelto en breve. "La Comisión Europea ya está trabajando en las políticas del Mercado Único Digital, que deberían estar implementadas en el plazo de un año".

Este armazón legal debería proporcionar la seguridad necesaria que las directivas y las leyes españolas no han conseguido construir hasta ahora. "Y frenar la innovación es contraproducente", remacha el también letrado.