Los más de 4.000 accionistas representados en la junta ordinaria de Banco Popular han dado el visto bueno este lunes a las cuentas de la entidad de 2016. Las que arrojaron unas pérdidas de 3.845 millones de euros y se deberán elaborar de nuevo para corregir los puntos que marcó la auditoría interna.
El plan de Emilio Saracho, presidente desde hace poco más de un mes del banco, ha recibido el apoyo del 93,95% de los accionistas.
Impacto en el primer trimestre
La nueva contabilización del activo y el pasivo del Popular impactará en el estado financiero del primer semestre de este año. El mercado da por descontado que se cargarán 129 millones de euros contra resultados a los que se deberán sumar otros 160 millones contra patrimonio y 145 millones más derivados de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas. También se cargarían contra el patrimonio de la entidad.
El auditor observó que determinadas provisiones por riesgos son “insuficientes”. Es decir, Banco Popular tiene menos patrimonio neto de lo que incorporó Ángel Ron, predecesor de Saracho en el cargo, en los últimos resultados que firmó.
Préstamos para ampliar capital
Además, apuntó que determinados préstamos que se dieron a clientes para participar en la ampliación de capital de mayo de 2016 no se contabilizaron de forma correcta. De acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, no tienen efecto sobre el resultado ni el patrimonio neto contable.
Su importe se debe verificar, aunque la estimación estadística sería de unos 205 millones.
Acuerdos de la junta
Los accionistas del Popular también han ratificado en la junta ordinaria el nombramiento de Carlos González Fernández como consejero independiente (97,5% de los votos) y de Antonio González-Adalid (83,4%).
PwC ha sido reelegido auditor y se ha dado el visto bueno para la escisión parcial transfronteriza intracomunitaria de Banco Popular Portugal a favor de Banco Popular Español. Una operación mercantil que mejorará los estados de la entidad.
Igual de mayoritario ha sido el apoyo de fijar un límite en la remuneración variable de los consejeros de la entidad. Puede llegar al 200% del componente fijo de la retribución de consejeros ejecutivos y miembros del colectivo identificado. El informe anual de remuneraciones de consejeros ha recibido el visto bueno de la junta.