Narcís Serra, imputado por administración desleal en CatalunyaCaixa

Narcís Serra ha sido imputado este jueves por su gestión en la presidencia de CatalunyaCaixa. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una investigación formal contra el exbanquero y exministro socialista; el exdirector general de la entidad Adolf Todó; y otros 13 altos cargos por originar un agujero de más de 720 millones de euros en la entidad.

Entre ellos, figura el vicepresidente de la caja en 2007 y actual máximo ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén.

Causa instada por el FROB

El Juzgado Central de Instrucción número 2 mueve ficha tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción que actuó, a su vez, a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La institución encabezada por Jaime Ponce Huerta puede instar las acciones civiles o penales que considere necesarias para buscar los culpables de la quiebra de la caja catalana porque fue quien la adquirió en 2011.

En el caso abierto se estudiarán las operaciones inmobiliarias autorizadas entre 2000 y 2013. CatalunyaCaixa entró con una participación aproximada del 50% junto a otros socios. Posteriormente, las instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

Maldonado distingue dos periodos

El fiscal Fernando Maldonado distingue dos periodos. El primero va del 2000 al 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y compromisos económicos “relevantes”. El segundo, que se extiende de 2008 hasta 2013, ya era asumido por todos los responsables de la entidad que no era viable desarrollar los proyectos.

Se trataba de promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal. Los órganos de gobierno de la caja aprobaron comprar terrenos no urbanizables e incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, hecho que suponía un “riesgo de inversión” claro que se asumió.

Operaciones "desproporcionadas"

La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes". También habría concedido créditos "desproporcionados". La Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

El consejo de administración podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones. Elevó estos umbrales hasta 24 millones y 12 millones, respectivamente. No se quedó allí. Posteriormente, según el auto judicial, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 para aquellos con garantía real.

Falta de estudio

Entre 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio. No se han encontrado informes externos independientes ni valoraciones adecuadas. También falta el análisis exhaustivo de los riesgos.

Por todo ello, Maldonado llega a la conclusión que no se protegieron los intereses de la entidad con cláusulas al efecto. Cuando si se incluían, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles.

Conflictos de intereses

También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses. Algunos de los terrenos eran propiedad de los propios socios de la entidad. En algunos casos se autorizaron operaciones inmobiliarias sin la pertinente autorización de la comisión ejecutiva.

El escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio.

Segunda causa contra

Serra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitó el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.