El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra / EUROPA PRESS

El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra / EUROPA PRESS

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Anticorrupción denuncia a la cúpula de Caixa Catalunya por un ‘agujero’ de 720 millones

Narcís Serra y otros 14 ex altos cargos se enfrentan a las acusaciones de la dudosa gestión en operaciones inmobiliarias

16 marzo, 2017 00:09

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a la antigua cúpula de Caixa Catalunya, con el expresidente Narcís Serra a la cabeza, por un agujero de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007.

La denuncia es contra Serra y otros 14 ex altos cargos, entre los que está el exdirector general Adolf Todó, según han explicado fuentes fiscales a Europa Press.

Administración desleal

El presunto delito denunciado es de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En ese periodo, la caja “ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria”, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.

El fiscal sostiene que en la mayoría de los casos el aval y la fiabilidad que la entidad dio a estos proyectos se otorgó confiando en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes externos independientes y “sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios”, según El Periódico.

Más anomalías

El fiscal ha detectado otra anomalía en aproximadamente la mitad de los proyectos: posibles conflictos de interés, ya que los activos adquiridos ya eran propiedad del socio copartícipe o de sociedades o personas vinculadas a él y, en algunos casos, se habían adquirido los solares solo días antes.

Además, la comisión ejecutiva de la caja aprobó proyectos sin tener competencias para ello, dado que por el importe de la operación correspondía hacerlo al consejo administración, y la fiscalía también apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio, añade el rotativo.