Joven, altamente cualificado y en paro. Europa cuenta con una de las generaciones mejor preparadas de su historia, sin embargo en países como Grecia, el desempleo juvenil alcanza el 44,2%, seguida por España con un 42,9% e Italia con el 40,1%.

Los jóvenes son los que más han sufrido la crisis económica de los últimos años. Y todavía peor, según señala el Eurobarómetro, más de la mitad de los jóvenes de la Unión Europea (57%) tiene la impresión de que su país no está haciendo esfuerzo alguno para remediar dicha situación.

Más de 4,2 millones de jóvenes no tienen trabajo en Europa y para remediar esta situación, los estados miembros pusieron en marcha la Garantía Juvenil, un programa que busca combatir el paro entre esta generación.

¿Qué es la Garantía Juvenil?

La Garantía Juvenil busca garantizar que todas las personas menores de 25 años reciban una oferta de empleo de calidad, educación, formación o prácticas al cabo de cuatro meses de estar en el desempleo o de haber acabado la educación formal.

En España, dado que es uno de los países más afectados por este problema, los requisitos varían un poco. Para poderse inscribir en el programa uno debe tener más de 16 años y ser menor de 30. Además, sólo debe acreditar que no ha trabajado el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud ni haber recibido asistencia educativa ni formativa.

El sistema se puso en marcha el 2014 con 6.400 millones de euros de financiación comunitaria. Un año más tarde, se inyectaron 2.000 millones más para cubrir el periodo 2014-2020. Desde enero de 2014, un total de 14 millones de jóvenes se han registrado en el plan de Garantía Juvenil y alrededor de 9 millones han aceptado ya una oferta, siendo la mayoría, laborales. 

¿Qué pasa en España?

España fue uno de los primeros países de la UE en desarrollar su plan de Garantía Juvenil en diciembre de 2013 por su elevada tasa de paro entre los jóvenes. De hecho, la Comisión Europea destinó 2,36 millones a Madrid para combatir durante 2014 y hasta 2020 al desempleo juvenil. Además, España ha recibido unos 900 millones más que están a la espera de la aprobación del Parlamento Europeo. De confirmarse, la dotación del programa incrementaría hasta los 3.260 millones.

Ahora bien, en una evaluación llevada a cabo por la Comisión en octubre de 2016 a los 20 países beneficiarios del programa, España figura en el grupo de los que peor lo han gestinado. Según datos oficiales de enero, había algo más de 421.000 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España frente al más de un millón de potenciales beneficiarios que se esperaban. 

Desde la UE explican que ellos solamente coordinan y facilitan la financiación, pero que la gestión de los programas se hace y depende de los estados miembros y son ellos, en este caso las autoridades de ocupación y juventud de cada país, los que se encargan de implementarlos.

Mala gestión de fondos

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó que de los 421.209 inscritos en enero, 143.645 habían encontrado empleo. Además, pidió también aprovechar al máximo y cuanto antes los 1.082 millones que España deberá justificar el próximo mes de diciembre y que en 2018 serán 849 millones más.

La oposición reclamó más medidas además de la Garantía Juvenil para frenar la tasa de desempleo de los jóvenes y criticó duramente que España haya estado a punto de tener que devolver las ayudas otorgadas por la CE dedicadas al programa por mala gestión de los recursos.

Cuesta el 0,22% del PIB

Estudios recientes concluyen que los beneficios de la creación de un sistema nacional de Garantía Juvenil son mucho mayores que los costes. El coste total estimado del establecimiento de los sistemas de este programa europeo en la eurozona es de 21.000 de euros al año, un 0,22% del PIB.

En este sentido, la misma institución europea advierte de que saldría muchísimo más caro no hacer nada ya que se calcula que los jóvenes que no trabajan ni estudian, ni siguen en formación alguna --los llamados Ninis-- cuestan a la UE un total de 153.000 millones al año, que sube hasta el 1,21% del PIB por los subsidios, ingresos no percibidos e impuestos no recaudados.