La Torre Agbar de Barcelona no será un hotel. La negativa del gobierno de Ada Colau en otorgar la licencia de obras para que el operador de lujo Grand Hyatt transformase la emblemática torre del arquitecto Jean Nouvel ha propiciado que los dueños del inmueble, el grupo patrimonialista Westmont Hospitality Group (WHG) y el fondo andorrano Emin Capital, tiren finalmente la toalla. Este jueves han firmado la venta del edificio a Merlin Properties por 142 millones de euros tal y como ha anunciado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores. 

La sociedad de inversión inmobiliaria cotizada (socimi) que dirige Ismael Clemente ha anunciado que la torre situada en el número 211 de la avenida Diagonal de Barcelona se mantendrá como edificio de oficinas. Invertirá unos 15 millones en adecuar la distribución actual, aunque como no cambiará su uso esperan evitar los tira y aflojas con el equipo de gobierno de Colau que han frustrado la operación que se diseñó en 2013. 

Cambio de gobierno municipal

Emin, la firma dirigida por Jordi Badia, compró la torre al grupo Agbar en ese ejercicio por 150 millones de euros. Anunció su intención de transformar el espacio en un hotel de lujo de la mano de Hyatt y empezó a preparar la operación, que se debía de ejecutar tras el traslado de la operadora de aguas de la capital catalana a la nueva sede.

La empresa se mudó en septiembre de 2015 a un nuevo emplazamiento en la Zona Franca, pero la llegada de Barcelona en Comú a la alcaldía de Barcelona supuso un freno a los permisos municipales que no se ha podido salvar. "Como gestores, no podemos seguir destinando tiempo, energía y recursos a un proyecto que después de tanto tiempo no tenemos claro que pueda ver la luz", indican fuentes cercanas a la compañía. 

Licencia previa a la moratoria

El proyecto se vio afectado en un primer momento por la moratoria en las licencias hoteleras de un año con la que Colau se estrenó en el gobierno. A finales de julio de ese año, el consistorio reconoció que se podía retomar el proyecto porqué los propietarios habían iniciado los trámites antes de que la medida estrella del inicio del mandato fuera efectiva. Habían solicitado un certificado de régimen urbanístico que le daba derecho automático a una licencia de actividad.

Se retomaron los trámites, pero nunca llegaron a buen puerto. El Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido retrasar sine die la autorización para iniciar las obras con la burocracia administrativa. Debía verificar el proyecto y mandar las adecuaciones necesarias para cumplir con las normativas locales si las contradecían, y este proceso se ha dilatado hasta que los dueños del inmueble se han cansado. Incluso llegaron a amenazar con no abrir el alumbrado de la torre por la noche, una de las imágenes icónicas de la capital catalana. 

En este periplo administrativo, el fondo andorrano consiguió vender el 60% de la propiedad del edificio el pasado septiembre al grupo patrimonialista estadounidense por 152 millones de euros. El coste final de la operación se ha quedado muy por debajo de esta cifra.