Los ciudadanos europeos, indefensos en los asuntos bancarios que afectan a su bolsillo

El sector bancario europeo está dominado por 35 grandes bancos con un tamaño 45 veces más grande que el de los medianos y 1.740 veces superior al de los pequeños ¿Cómo puede el público participar en la toma de decisiones que le afectan por parte de la banca y defender mejor sus intereses? plantea Finance Watch en el informe La representación del interés público en la banca. 

La participación pública en la regulación de los bancos es baja. El público no logra representar sus propios intereses a la hora de decidir lo que los bancos pueden y no pueden hacer. Las oportunidades de participar en el proceso de regulación tienden a ser altamente técnicas y ofrecen pocas posibilidades de alterar el alcance de las propuestas y, por lo tanto, tienden a ser dominadas por los intereses bancarios. A su vez, los accionistas suelen tener problemas de coordinación y tienen pocas posibilidades de defender sus intereses en comparación con la alta dirección.

La débil oposición a la industria financiera

La crisis bancaria que comenzó en 2007-2008 ha afectado a los usuarios de los servicios financieros. Los asuntos bancarios interesan más que nunca, pero el público en general se ve impotente a la hora de influir en las actividades de los bancos. Los académicos señalan la movilización infrecuente de la sociedad civil (no empresarial) y apuntan como rara vez representan una parte significativa de la disidencia movilizada. “La oposición organizada a la industria financiera es relativamente débil, la baja participación está vinculada a una pobre representación del interés público.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos, organizaciones religiosas, y otros movimientos sociales siguen desempeñando un papel bastante marginal frente al poder de los lobbies. Las estimaciones conservadoras sugieren que la industria financiera gasta más de 120 millones de euros al año en lobby sólo en Bruselas y emplea a más de 1.700 grupos de presión. En comparación, los presupuestos de las Organizaciones de la Sociedad Civil son insignificantes. Finance Watch, el único grupo de defensa del interés público dedicado a la regulación financiera, opera con un presupuesto de apenas 2 millones de euros.

La voz de la sociedad civil

La participación pública empieza a ser visible en las fases de consulta pública de la reglamentación comunitaria. La sociedad civil tiene voz en el Grupo de Usuarios de los servicios financieros (FSUG), creado en 2010 por la Comisión Europea. Está compuesto por 20 miembros, representando a organizaciones de consumidores, inversionistas y pequeñas y medianas empresas, así como expertos en finanzas. Pero el trabajo de los miembros del FSUG representa sólo 16 días de reunión por año. Contaba con un presupuesto de 150.000 euros anuales para estudios que a partir de 2016 ha sido cancelado. El presupuesto no se asignó a pesar de que FSUG planeaba encargar un informe sobre la aplicación nacional de las leyes de protección al consumidor en el área de servicios financieros minoristas. Ahora su mandato es muy limitado y sus decisiones no vinculan a los reguladores.

Un órgano independiente de supervisión

Finance Watch considera que debería ampliarse la definición de usuarios de servicios financieros. “La definición actual es bastante estrecha y fomenta la representación de los intereses empresariales”, argumenta en este informe. También apunta a que otras partes interesadas, por ejemplo, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones como la vivienda o la exclusión social deberían estar representadas. Su propuesta pasa por la creación de un órgano independiente de supervisión bancaria que incluya representantes de la sociedad civil: ONG, sindicatos, organizaciones de vivienda social, grupos de defensa de los consumidores, entre otros.