El Gobierno catalán recuperará la gestión directa de la empresa Aigües Ter-Llobregat si el Tribunal Supremo declara la nulidad de la adjudicación. El ejecutivo de Carles Puigdemont prevé retomar el control público de la empresa de gestión del agua si el alto tribunal revierte la privatización que aprobó en noviembre de 2012.
La intención queda recogida negro sobre blanco en la propuesta de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017 que ha presentado el martes el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.
Las ley de acompañamiento de las cuentas incluye una disposición adicional, la número 15, que estipula que si la justicia confirma la nulidad, el Govern presentará una iniciativa parlamentaria con "la voluntad de recuperar la gestión directa".
Millonaria
Cabe recordar que la privatización de Aigües Ter-Llobregat fue una de las mayores adjudicaciones de la segunda legislatura de Artur Mas (CDC) como presidente de la Generalitat.
La concesión la ganó Acciona, que pagó 1.000 millones de euros por un contrato a 50 años.
Doble anulación
En marzo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la orden de paralizar la adjudicación, tras un recurso de Agbar al tribunal autonómico de contratos públicos (Oarcc).
Dos años y medio después, en junio de 2015, el TSJC falló por primera vez sobre el fondo del conflicto y anuló la concesión.
Desde entonces, el caso de la gestión de la distribución del agua catalana se encuentra a la espera de un fallo del Tribunal Supremo.