El plan funerario de Ada Colau en Barcelona oculta que el ayuntamiento trabaja en la ilegalidad en este campo. El proyecto de empresa municipal que ofrezca funerales baratos, presentado el 11 de noviembre, disfraza una verdad insoslayable: la normativa local de servicios funerarios es irregular. De hecho, el anuncio de funerales un 30% más baratos llegó tras la presión de una patronal para regularizar las ordenanzas.

"Presentamos tres instancias que conminaban al consistorio a adecuar la ordenanza y así desbloquear el mercado. Una en octubre de 2015, otra en diciembre de 2015 y la última en octubre de 2016. Un mes después, Pisarello vendió a la prensa la nueva funeraria pública", explica Aurelio Sánchez, presidente de la patronal de pymes Esfune.

El directivo subraya que Barcelona ha mantenido el mercado de servicios funerarios cautivo desde 2010. "Es ilegal desde la aprobación del decreto legislativo 3/2010, que obligaba a eliminar las restricciones al mercado. Ni el alcalde del PSC, entonces, ni el de CiU, después, las levantaron. ¿Por qué?", inquiere.

Reparto del mercado

Cualquiera que fueren sus motivos, ambos partidos se beneficiaron. La ordenanza funeraria antigua [consultar aquí] establece fuertes restricciones para las empresas que quieran operar en Barcelona. "Un capital mínimo de 600.000 euros, disponer de un tanatorio en la ciudad, 12 salas de vela, un parking con capacidad para 100 vehículos y personal suficiente", enumera el también directivo del sector.

Esos requisitos bloqueaban la entrada de nuevas empresas y repartían un mercado de 16.000 muertes al año entre sólo tres compañías: Áltima, Interfunerarias y Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), esta última con participación municipal.

"El resultado son seis años de precios altos y el ayuntamiento y las empresas privadas mojando. Y el ciudadano pagando más", argumenta.

Posible prevaricación

Con este escenario, Ada Colau tomó posesión de la alcaldía de Barcelona el 13 de junio de 2015. "Sobre la mesa tenía dos instancias nuestras, una de ellas de 400 páginas. En las mismas alertábamos de que los gobiernos anteriores podrían haber prevaricado al no haber adecuado la ordenanza municipal y mantenido el mercado cautivo", explica Sánchez.

De hecho, Esfune valoró trasladar el expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, optó por el guante de seda. Mantuvo reuniones en febrero y marzo de este año con la defensora del ciudadano, Maria Assumpció Vila, y con Luis Basteiro, número dos del concejal de Presidencia, Eloi Badia.

Esfune entró una tercera instancia en octubre de este año. "Pedíamos que el ayuntamiento reaccionara ante el daño que el mercado restringido estaba ocasionando al ciudadano".

Un mes después, el propio Eloi Badia y Gerardo Pisarello lanzaban el doble anuncio: funeraria pública y actualización de la normativa.

"Cortina de humo"

El también director técnico de una funeraria lamenta que el ayuntamiento "se haya colgado una medalla" con la rebaja del precio de los entierros. "El trabajo se lo hicimos nosotros: avisando de que el alcalde Hereu (PSC) y Xavier Trias (CiU) habían mantenido un mercado intervenido. Para el beneficio de las arcas municipales y de las empresas privadas. Pero no del ciudadano", denuncia.

En el mismo sentido, Sánchez valora que la funeraria municipal es una cortina de humo para esconder la regularización de la actividad. "Era insostenible salir a decir que Barcelona llevaba seis años en la ilegalidad. La funeraria pública es un anuncio para captar el foco de la prensa y esconder la verdad: se abrirá el mercado tras seis años bloqueado. Ahora tocaría ver quién se benefició de ello", apostilla.