Las 13 Cámaras de Comercio catalanas se han plantado ante la Generalitat por un anteproyecto de ley para reorganizar el sector que consideran que viene tarde, sin negociación con los implicados y que significa un torpedo en la línea de flotación al modelo de organización actual. Incluso emitieron este lunes un comunicado público en el que pedían al Gobierno de Carles Puigdemont “diálogo”.

El Consejo Ejecutivo del gobierno catalán acordó empezar a tramitar la futura Ley de Cámaras el pasado 18 de octubre. Las 13 organizaciones aplaudieron la decisión, ya que implicaba desencallar un proceso que debía haber concluido en marzo de 2014. La desagradable sorpresa, según las fuentes consultadas, ha sido que al poner en común el análisis de la letra pequeña del anteproyecto de ley han descubierto que la consejería de Empresa y Conocimiento, liderada por Jordi Baiget, ha ignorado por completo la propuesta de norma que habían remitido al departamento justo antes de las elecciones de 2015.

Propuesta de la Cambra entregada a Puig

Tenían constancia de que el equipo de Baiget la había heredado de Felip Puig, su predecesor en el cargo. La polémica con esta norma viene de lejos y el malestar del sector que propició el anterior intento de reformarla ya propició que Puig la retirase. En ese momento, Artur Mas fue clave para evitar un enfrentamiento con las organizaciones y provocar el paso atrás de su consejero.

Los mismos interlocutores lamentaron que ahora Puigdemont no tenga la sensibilidad territorial ni se crea (y sea defensor) de las iniciativas empresariales que se impulsan desde las Cámaras. De hecho, han mostrado su sorpresa por el camino escogido por la Generalitat con la Ley de Cámaras si se tiene en cuenta que el presidente viene, precisamente, del territorio.

Femcat impulsa una nueva estructura de estado

Otras fuentes del sector señalan que el anteproyecto que acabó en la mesa del Consejo Ejecutivo es una copia de la propuesta que el entorno de la patronal independentista Femcat encargó en su día al bufete Roca-Junyent y entregó a Puig.

En ella, la Cámara General de Cataluña pierde el papel de redistribuidor de riqueza y coordinador de las organizaciones territoriales que ejerce hoy el Consejo General de Cámaras de Catalunya. Centraliza todas las funciones de las entidades y ni siquiera tiene en cuenta el número de empresas que representan. Todas, las 13 del territorio, tendrán el mismo peso.

Abad, candidato a la presidencia de la Cámara Catalana

La nueva Cámara General de Cataluña se ha planteado como un contrapoder a las patronales y se erige como actor internacional incluso más allá de su papel de acompañar a las empresas catalanas. El objetivo es que ejerza de estructura de estado económica, otra más de las que se intentan poner en marcha en el procés.

Incluso hay un nombre sobre la mesa para la presidencia. El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha hecho llegar al Gobierno que estaría dispuesto a asumir el liderazgo de la nueva institución.

Sin tener en cuenta ni a pymes ni a autónomos

En cuanto al perfil empresarial, los agentes territoriales lamentan que la norma se impulsara a imagen y semejanza a las compañías que forman parte de Femcat. Eso ha generado otra anomalía: no se reconocen ni a las pymes ni a los autónomos, mayoritarios en el tejido económico catalán.

La dejadez en este ámbito ha propiciado, a su vez, el malestar de Pimec. Su enfado coincide con Foment del Treball, que también afea que en el redactado de la norma no se reconozcan a las patronales con representatividad en Cataluña.

Oposición con la norma del Estado

La gota que ha colmado el vaso es que la norma catalana se ha planteado como un choque a la ley marco que regula todas las Cámaras de comercio territoriales en España, añaden las fuentes consultadas.

“No se transponen las funciones relativas a formación excepto la que tiene carácter básico, ni entre otros, las relativas a la capacidad de comprobación y verificación, que podrían ser una importante fuente de ingresos a partir de la colaboración con las Administraciones”, lamenta el grupo catalán de cámaras de comercio en el comunicado.

Reorientar el texto

El capítulo económico es otro de los que consideran que no está resuelto. No se contempla la financiación de los gastos estructurales derivados de las obligaciones que marca el anteproyecto de ley, no existe ningún mecanismo permanente que cubra las actividades no de mercado (como la representatividad) o el ejercicio de la función consultiva.

Por todo ello, las 13 Cámaras de Comercio catalanas exigen una “reorientación del texto a partir de las consideraciones expuestas y de diálogo con el Gobierno de la Generalitat”.