El Govern pone la primera piedra para renovar la ley de Cámaras de Comercio catalanas

El Gobierno catalán ha acordado este martes poner la primera piedra de un proyecto legislativo que debería haber concluido en marzo de 2014: la aprobación de una nueva norma para regular las Cámaras de Comercio del territorio. El proceso independentista y la falta de acuerdo en el primer diseño de la norma han propiciado el retraso.

Aún se está lejos de presentar una propuesta al Parlamento catalán. El consejo ejecutivo sólo ha aprobado este martes la memoria preliminar del anteproyecto de ley. Con todo, para las cúpulas de las 13 organizaciones de dinamización empresarial del territorio representa una noticia muy positiva.

Ocho presidentes sin poder renovar el cargo

De entrada, porqué la nueva ley permitirá que se convoquen elecciones. De todos los presidentes en activos de Cámaras de Comercio en Cataluña, sólo cinco podrían optar a prolongar su mandato en el caso de que la ley mantuviera el límite de presentar candidaturas en tres elecciones consecutivas, como ocurría en la norma de 2012. A los otros ocho se les caducó hace tiempo y todos ellos han manifestado a sus allegados sus ganas de concluir su etapa al frente de la institución.

Los portavoces del Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña --derivará en la Cámara General de Cataluña en la futura ley, otra estructura de estado según los independentistas-- han manifestado públicamente su satisfacción por el inicio de un proceso que les permitirá “adaptarse a las nuevas realidades de las instituciones camerales y al entorno económico y social de Cataluña”.

Definir la financiación

Aunque aún no se les ha pedido su opinión en esta parte del proceso, piden que permita “definir la colaboración entre las Cámaras y el Gobierno”; prever el “funcionamiento de las elecciones para renovar los órganos de gobierno que se encuentran en una situación de prorroga por falta de normativa”, más de 400 personas forman parte de las cúpulas de las instituciones; y “definir las funciones públicas y su financiación”.

Este último punto es capital. La ley que se aprobó en España en 2010 para regular a todas las instituciones del país eliminó la obligatoriedad del recurso cameral dos años después y obligó a las organizaciones a buscarse la vida para obtener ingresos.

Sin carga para el presupuesto

En este momento crucial, las 13 organizaciones catalanas inciden en el papel que juegan “al servicio de las empresas y de la economía de Cataluña”. Reivindican el trabajo que realizan “en varios ámbitos, especialmente en la internacionalización, la emprendedoría, la Formación Profesional y la mejora de la competitividad empresarial”.

“Esperamos que el trabajo conjunto entre el departamento [de Empresa y Conocimiento] y las Cámaras se pueda definir el anteproyecto de ley que confirme todos estos potenciales”, concluyen los mismos interlocutores. La prioridad del Govern discurre en otro sentido. Remarca en el comunicado emitido para anunciar la apertura del proceso que la futura ley del sector “no tendrá impacto directo sobre el presupuesto de la Generalitat”.