Gas Natural ha pagado 8,5 millones de euros (28.000 millones de pesos colombianos) para evitar la suspensión de actividad que pesaba sobre su filial de comercialización eléctrica en Colombia. El proceso se había puesto en marcha a raíz del pulso que la compañía española mantiene con el Gobierno de Juan Manuel Santos por los problemas que arrastra la sociedad Electicaribe.
El Ejecutivo amenaza con tomar el control de la compañía por la multitud de fallos en el suministro del servicio, mientras que la energética presidida por Isidro Fainé se queja de los impagos de los clientes (especialmente de instituciones públicas) y la permisividad en las conexiones ilegales de la red que impiden ni siquiera calcular la energía que se debe distribuir en la región. Además, la viabilidad de la compañía está en juego.
1.100 millones de impagos
La firma española movió ficha en medio de una negociación enrocada y decidió trasladar el impago de los clientes, cuyo volumen alcanza los 1.100 millones según la empresa, a los productores de electricidad. La respuesta: el operador abrió el proceso de limitación su suministro en su contra cuya ejecución debía producirse este miércoles.
Electricaribe ha dado un paso atrás. Ha desembolsado los 8,5 millones de euros gracias al apoyo de la matriz española, Gas Natural Fenosa. “Demuestra el interés y la voluntad de encontrar de la mano del Gobierno colombiano soluciones que garanticen la sostenibilidad en la prestación de servicio”, indican fuentes de la compañía en declaraciones a Europa Press.
Falta de negociación con Colombia
También han pedido “señales por parte del Gobierno colombiano para construir una solución definitiva en beneficio de los clientes y del sector eléctrico en general”. Aunque la Administración de Santos no parece estar por la labor. Han ejecutado recientemente garantías por valor de 30 millones de euros (96.000 millones de pesos colombianos) a Electricaribe por los impagos de septiembre.
Si la situación se mantiene en esta línea, Gas Natural podría recurrir a los tribunales internacionales para forzar un laudo de la situación. Este proceso por el momento no se ha puesto en marcha.