Ultimátum de las autoridades locales colombianas a Gas Natural

La guerra entre Gas Natural y Colombia se agrava. Las autoridades locales colombianas han sido las últimas en decir la suya y lo han hecho para aumentar la presión sobre la compañía energética española. El conflicto surgió a raíz de Electricaribe, la filial de la gasística en el país americano. La empresa presidida por Salvador Gabarró denuncia impagos, la mayoría por parte de la administración, mientras que las autoridades colombianas se quejan de los cortes de subministro.

La región del Atlántico es la más afectada por la tensión. Jaime Pumarejo, gerente de Desarrollo de Barranquilla, la capital de la provincia, ha dado un ultimátum a Gas Natural, al asegurar que “ya no hay más tiempo para el tema Electricaribe en la costa”. El dirigente local se queja de que “se ha tratado de caracterizar al barranquillero como mala paga, lo cual no es verdad”, en referencia a las acusaciones de la compañía, que publicó una lista de morosos.

Posible intervención

Ante la situación, el Gobierno amenaza en nacionalizar Electricaribe. El senador José David Name ha avisado en un programa de radio local de que la filial “podría convertirse en la primera compañía extranjera en ser intervenida”, aunque no lo ve “recomendable”, ya que podría convertirse en una “bomba social”.

La administración central pide a Gas Natural más inversiones en Electricaribe para que el servicio que ofrece sea mejor. Los cortes de subministro son constantes y las quejas de la población aumentan. La justificación que ofrece la gasística es que los impagos y la cantidad de conexiones ilícitas que tiene que soportar la red provocan estos fallos.

Los morosos

Ante las críticas del Gobierno, Gas Natural publicó una lista de morosos, los más destacados de los cuales son entidades públicas. Acueductos, colegios, hospitales…La ley impide que se corte la luz a estas instituciones que dependen de la administración, por lo que Electricaribe está obligada a mantener el subministro.

Gas Natural ha pedido seis meses para negociar con el Gobierno, pero la administración colombiana, empezando por la local, no parece dispuesta a concederle tanto tiempo.