Las tiendas abiertas de Electrodomésticos Miró han despertado por tercera vez el interés de los operadores del sector. Así lo indican fuentes jurídicas vinculadas a la gestión de la tercera quiebra de la compañía. Los mismos interlocutores concretan que hay dos grupos que se han acercado al administrador concursal, Ignacio Alonso-Cuevillas del bufete De Pasqual & Marzo Abogados.
La prudencia, no obstante, se impone en el momento concursal actual. El proceso de venta aún está “muy verde” y las ofertas no se han formalizado. Reconocen que la liquidación es una opción que está sobre la mesa, aunque Alonso-Cuevillas intenta evitarla por el impacto laboral y el agujero que deberán asumir, principalmente, proveedores de la cadena de electrodomésticos.
Salida de 180 trabajadores
Por ahora, se ha iniciado el periodo de consultas para pactar las condiciones de salida de 180 trabajadores a los que se les deben dos mensualidades; el resto de la plantilla, hasta 335 personas están empleados en tiendas abiertas. Los 180 trabajaban en tiendas que ya bajaron la persiana, pero el propietario del grupo no pudo pagar la indemnización que les correspondía antes de llevar los libros al juzgado.
Los portavoces del comité de empresa señalan que los afectados deberán esperar a que el Fondo de Garantía Social (Fogasa) asuma el pago de 20 días por año trabajado con los que se cerrará posiblemente la reestructutación.
La caja de la compañía está vacía. Solo se puede hacer frente al pago de las nóminas de los empleados en activo, a los que se intentará preservar.
Problemas desde 2011
El fondo suizo Springwater Capital adquirió Miró en una subasta judicial celebrada a finales de septiembre de 2014. Pagó tres millones de euros por una compañía que en ese momento hacía frente a su segundo concurso de acreedores y contaba con 67 tiendas y 476 empleados. La primera suspensión de pagos se produjo en 2011, un tropiezo que se superó con un convenio anticipado que no pudo cumplir tres años después.
De hecho, en 2014 el fundador y propietario de la compañía, Francesc Miró, fue declarado culpable de la quiebra del grupo e inhabilitado para ejercer cargos en compañías durante tres años por la insolvencia de la sociedad RTV Bermúdez, radicada en Bilbao y en la órbita de la holding de electrodomésticos.
Los problemas en el grupo continuaron y Kabaena Directorship, la empresa que usó Springwater para vehicular la inversión en ese momento, reconoció su insolvencia en agosto. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, dirigido por Eduardo Pastor, declaró el concurso de acreedores el pasado 1 de septiembre.