Han pasado 13 años y el que fuera presidente de la entidad, Eduardo Pascual Arxé, se encuentra en paradero desconocido, en busca y captura. Pero el titular del Juzgado de la Audiencia Nacional número 5, José de la Mata, ha acordado la apertura de juicio oral por la quiebra de Eurobank del Mediterráneo, que desapareció en 2003 con una deuda de 150 millones de euros.
En un auto con fecha del pasado 16 de septiembre, De la Mata inicia el proceso contra Arxé y otras diez personas por la creación de un entramado societario para despatrimonializar la entidad. Anticorrupción solicita para cada uno de los acusados una fianza de 11 millones, para hacer frente a una posible responsabilidad civil, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de una veintena de sociedades.
Todos los nombres
Los delitos imputados a Arxé y a los otros diez acusados son delito societario continuado, delito continuado de desobediencia a la autoridad judicial, falsedad, apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales, que acarrean penas de hasta seis años de prisión.
Los otros acusados son: María Vaqué Molas, consejera y vicepresidenta de Eurobank; Rosa María Cornet Sisquella, consejera, presidenta y posterior liquidadora única de Eurobank; Encarnación Riera Juliá, exesposa de Pascual Arxé; Francisco Javier Barceló Obregón, jurista, miembro de la asesoría jurídica de la entidad entre 1999 y 2003 así como director general de la misma desde 2004; María del Carmen Rodríguez Robledo, consejera y secretaria del Consejo; Silvia Canadell Giner; Judit Lana Costa, jurista; Alejandro Berea Castejón; Joan Manuel Vila Llauger, y Lucas Siles Suárez.
Maniobras oscuras
En relación con las solicitudes de multa, el juez ha tenido en cuenta la petición del fiscal, que pide para cada uno de los acusados 31 meses de prisión a razón de 300 euros diarios.
La Fiscalía sostiene que se ejecutaron una serie de maniobras de administración y liquidación, contables, documentales y procesales contra el patrimonio de Eurobank, para obtener un fraudulento enriquecimiento personal y, "de manera sistemática", sustraer y posteriormente ocultar su patrimonio "en perjuicio de los intereses de la entidad y de sus socios minoritarios".
Entre 1995 y 2003
Así, en ejecución del plan y actuación conjunta de los acusados, se produjeron durante la fase de liquidación disposiciones y adquisiciones de activos con el propósito consciente de "disimular sustracciones cometidas con anterioridad a la suspensión de pagos", para impedir que los beneficiarios de las mismas tuvieran que afrontar las consecuencias económicas de sus actos.
Una vez que los acusados accedieron a la gestión y administración del patrimonio de Eurobank, de modo "conjunto" sustrajeron activos de la entidad concretados fundamentalmente en créditos líquidos y exigibles.
Todo ello desde el año 1995 y hasta 2003, momento en el que Eurobank del Mediterráneo anunció la suspensión de pagos (lo que hoy se conoce como concurso de acreedores).