PwC se enfrenta a una demanda de 4.900 millones por presuntos fallos en la auditoría
Los administradores de la firma de inversión Taylor, Bean & Whitaker acusan al gigante de negligencias al fiscalizar la contabilidad de Colonial Bank y no prever su quiebra en 2009
15 agosto, 2016 17:09PwC se enfrenta en un tribunal de Florida a una demanda de 4.900 millones de euros al tipo de cambio actual (5.500 millones de dólares) por no haber previsto la caída de la sexta principal entidad en Estados Unidos, Colonial Bank, en 2009. Su desplome costó 3.570 millones al tipo de cambio a las arcas de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la agencia estatal que garantiza parte de los fondos de los ahorradores del país.
Detrás de la denuncia se encuentran administradores de la firma de inversión Taylor, Bean & Whitaker (TBW), participada por el banco y que también fue arrastrada a la quiebra ese ejercicio. Los accionistas mantienen ante el juez que PwC fue negligente en sus informes de auditoría al no fiscalizar correctamente las cuentas entre 2002 y 2008.
Falsificación de 1.340 millones
Indican que no detectaron que los principales ejecutivos de TBW, actualmente en prisión, falsificaron datos en este periodo de tiempo para mejorar su resultado de explotación y, al mismo tiempo, mejorar el de su banco madre. La prensa estadounidense publicó que Colonial Bank tenía casi 1.340 millones apuntados en sus cuentas que no existían en 2007.
Esta inscripción fue el escudo que usó ante los accionistas a lo largo de la crisis financiera de 2008. Los informes de auditoría no detectaron el fraude hasta que la pelota se había hecho demasiado largo y llevó el banco y sus participadas al colapso un año después.
Fraude muy preparado
Los portavoces de PwC en EEUU se defienden con el argumento de que los estándares internacionales de auditoría son incapaces de detectar ciertos fraudes en algunas ocasiones si se trata de estafas muy preparadas como ocurrió en el caso de Colonial Bank.
Implica que se han diseñado documentos de todo tipo que sostienen el engaño cuya falsedad es muy compleja de demostrar en el marco de una fiscalización tradicional.
Se espera un fallo judicial a finales de septiembre.