El Gobierno catalán rechaza aprobar legislación específica para Airbnb o Uber. El ejecutivo autonómico ha anunciado el viernes que se inclina por regular "las actividades económicas" tradicionales, poniendo trabas a, entre otros, el llamado homesharing no profesional, esto es, alojar a visitantes varios días al año sin dedicarse laboralmente a ello.
Un alto cargo del Govern ha anunciado el viernes que Cataluña regulará "los servicios de alojamiento, sean en establecimientos de pública concurrencia o no". Joan Abad, subdirector general de Ordenación Turística, ha recalcado que "pondremos el acento en qué actividad se hace, y no en quién la hace".
Abad es miembro de la comisión interdepartamental sobre economía colaborativa, que adaptará varias leyes catalanas a la aparición de nuevos intermediarios tecnológicos.
"Políticas agresivas"
El nuevo marco jurídico de la economía colaborativa, que el ejecutivo de Carles Puigdemont ha prometido presentar la primavera de 2017, podría minar la actividad de plataformas como Airbnb. Así lo ha desgranado Ángel Mesado, Responsable de Políticas Públicas, que ha lamentado las "políticas públicas agresivas" de algunas administraciones.
El directivo ha recordado que es necesario evitar "las barreras de entrada a una actividad que está creciendo de forma orgánica".
La misma línea argumental ha sostenido Mar Alarcón, consejera delegada de SocialCar. "Las tecnológicas intermediarias no eluden sus responsabilidades, sino que aportan garantías a los particulares. En nuestro caso, un seguro de viaje que si los usuarios se prestaran el coche entre sí no existiría", ha valorado.