Italia tampoco tiene el mejor sistema bancario del mundo
Matteo Renzi confía en que el 'test de estrés' le dé una oportunidad para utilizar dinero público en el rescate de las entidades más afectadas por los impagos
20 julio, 2016 23:57José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que tragarse aquella frase de septiembre 2008 en la que aseguraba que el sistema bancario español rebosaba salud y que era de los más eficientes del mundo.
A estas alturas, tras la nacionalización de una decena larga de entidades, numerosas fusiones, 100.000 millones de recursos públicos --41.000 de ellos en forma de rescate europeo--, sabemos que no era así y que el Gobierno --y el Banco de España-- ignoraban lo que había bajo la alfombra.
Rescate de los pequeños
Pero si España descubrió la cruda realidad un año después de la máxima zapateril, Italia ha tardado bastante más: siete años. La cuarta economía europea tuvo que rescatar a finales del año pasado cuatro pequeñas entidades en lo que Bruselas y todo el mundo financiero se temen que solo sea el aperitivo de lo que se avecina.
El Gobierno de Matteo Renzi espera como agua de mayo el resultado del último test de estrés de la autoridad bancaria europea (ABE), que se conocerá el próximo día 29.
La banca italiana pende de un hilo. Las entidades financieras sufren deudas de créditos morosos de 360.000 millones de euros (17% del total), de los que al menos 200.000 jamás se devolverán. La mitad de esta cifra está repartida entre los cinco grandes bancos del país. El primer ministro, Matteo Renzi, planea la inyección de 40.000 millones a las entidades financieras para intentar evitar el rescate de la Unión Europea. El gráfico refleja cómo las bancarrotas de casi 100.000 empresas desde el inicio de la crisis han disparado este dato.
Si el dictamen es que el Monte dei Paschi está descapitalizado, se habrá superado un gran obstáculo para empezar a poner en orden el sistema financiero italiano, que en su conjunto tiene más 350.000 euros en créditos de dudoso cobro. La compensación de ese agujero solo es posible si los inversores de los bancos arriman el hombro, lo que en el caso del Monte supondría la ruina para miles de familias que habían puesto sus ahorros en deuda subordinada --preferentes-- de la entidad.
Las ayudas públicas
Ahora bien, la falta de capital de este banco abriría la puerta a las ayudas públicas directas del Gobierno italiano, algo que prohíbe la legislación europea desde enero. El peligro de quiebra de este banco, el segundo del sistema italiano, por falta de capital abriría la puerta al dinero de los contribuyentes sin que los inversores tuvieran que hacer una quita de sus aportaciones.
Bruselas y Roma no se han puesto de acuerdo en la creación de un banco malo donde empaquetar los activos tóxicos de la banca italiana precisamente porque la valoración del agujero genera problemas. Los bancos dicen que sus activos tóxicos se pueden vender por 80.000 millones, pero los posibles compradores --fondos buitre-- no ofrecen más de 40.000. La diferencia va contra el capital de las entidades.
Los fondos buitre
Monte dei Paschi, en concreto, ha sido conminado por la autoridad bancaria europea a que reduzca un 30% su morosidad en tres años. Eso son 10.000 millones, que el banco dice que han perdido valor hasta los 4.000, pero lo cierto es que los fondos buitre solo pagarían 2.000 millones. El banco necesita recapitalizarse en esos 2.000 millones restantes, y el Gobierno no puede poner dinero público equilibrar su balance, tal como sería el deseo de Renzi.
La actual normativa europea establece que los primeros en aportar recursos en este tipo de situaciones, además de los accionistas, son los acreedores. En el caso del Monte dei Paschi, dos tercios de los 4.900 millones que tiene en deuda subordinada están en manos de 60.000 pequeños inversores que perderían una buena parte de sus ahorros, lo que el Gobierno quiere evitar a toda costa.
Pero, de momento, no aparecen muchas alternativas, dado que los 350.000 millones de morosidad (el 17% del total, frente al 7,1% de España) son irrecuperables. Son préstamos concedidos mayoritariamente a empresas, la mayoría de las cuales han dejado de existir.