Los hermanos Higini y Ramon Cierco declararán ante el Batlle (juez) de Andorra el 27 y 28 de julio en calidad de inculpados en el marco del caso BPA. La magistrada Canòlic Mignorance ha decidido citar a los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) tras la querella presentada el pasado martes por el Gobierno del Principado, encabezado por Antoni Martí, contra los propietarios y otros exdirectivos de la entidad intervenida.

Será una de las últimas declaraciones ante la magistrada antes de que concluya la fase de instrucción del caso, que se demoraría como muy tarde pasadas las vacaciones de verano. La juez acabará de este modo de completar las piezas del puzle sobre la caída y la posterior intervención del banco andorrano que aún lleva cola.

Rectificación del Fincen

La propició una alerta internacional (Notice) del organismo que persigue el lavado de dinero internacional del Tesoro Estadounidense, el Fincen, en marzo de 2015. El problema es que la propia institución rectificó un año después, cuando el banco ya estaba intervenido y su resolución en marcha, tras la presión judicial de los Cierco.

Argumentaron ante la justicia de EEUU que la notificación no se sustentaba sobre datos fehacientes y el magistrado empezó a pedir información al Fincen. Fue en ese momento cuando decidió retirar la acusación de blanqueadores de dinero a BPA y, de rebote, a sus directivos, pero el daño ya estaba hecho.

Sombras del caso

Hay multitud de sombras que deberían disipar en la causa que investiga Mignorance: ¿Pidió información a Andorra el Fincen antes de emitir la Notice? ¿Quién la recibió? ¿Cómo respondió? ¿Había otra posibilidad de BPA?, entre otras cuestiones.

Hasta la fecha los únicos inculpados en el caso BPA eran el exconsejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, que continúa en prisión preventiva desde hace más de un año, y otros 25 exdirectivos del banco. Los Cierco se unen ahora a la lista.

Defensa de los directivos acusados

Los acusados por el Gobierno de Martí también han hablado. Además de asegurar que la lista es arbitraria, cargan contra el Ejecutivo por su comportamiento en el caso: “Consideramos que lejos de defender el interés general --que desde el primer día y por mandato constitucional tiene asignado defender el ministerio fiscal--se  ceba contra unas personas concretas a las que nunca se ha respetado la presunción de inocencia”, con los consiguientes “perjuicios patrimoniales y personales”.

Afirman que como “más tiempo pasa y más actuaciones impulsa el Ejecutivo”, tienen más claro que el único objetivo del Gobierno es “desviar la atención y ocultar múltiples errores que a administración ha cometido y comete en la gestión de una crisis que estamos convencidos que podríamos haber resuelto mucho mejor y más rápido si se hubiera optado por la vía del diálogo con todas las partes”.

La última palabra la tiene la justicia andorrana.