La justicia de Madrid confirma el laudo de las autopistas quebradas pero critica al árbitro

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó en una sentencia publicada la semana pasada que ha salido ahora a la luz el polémico laudo dictado a favor de ACS y Sacyr hace un año y medio que intentaba anular Abertis y Bankia, la batalla por las autopistas radiales de Madrid (R-3 y R-5). Los magistrados consideran probado que existía una relación entre el presidente del Tribunal Arbitral, José María Alonso Puig, y la compañía presidida por Florentino Pérez, aunque indica que no es motivo suficiente para anular la resolución.

La principal tesis del escrito judicial, al que ha tenido acceso Crónica Global, es que si la demandante dudaba de la imparcialidad del árbitro “debió plantear su recusación inmediatamente y no esperar al pronunciamiento del laudo”. Es por ello que desestima el principal motivo de nulidad que los demandantes habían presentado a la sala.

Trabajos en Baker & McKenzie

Alonso Puig aceptó el 15 de febrero de 2013 actuar en el procedimiento arbitral. El TSJM reconoce que en ese momento “no declaró que era socio desde el 1 de marzo de 2012 de Baker & McKenzie Madrid”, el bufete que había prestado asesoramiento jurídico a las empresas vinculadas con la causa. Recabó en esta firma tras salir de Garrigues, su primera casa.

La sala señala que los trabajos encargados por los implicados en la batalla de las radiales y el bufete internacional no los firmó ni se vinculó con ellos a título personal. Otras fuentes conocedoras de la causa indican que se trataba de un proceder habitual del árbitro, una persona cercana a Pérez pero muy consciente de las limitaciones que le corresponden como mediador de conflictos empresariales.

Relación a través de filiales

La principal vinculación con ACS es por una de las principales filiales de la compañía, Dragados. Esta firma había mantenido “negocios comunes con filiales de Corporación Llorente Muñoz”, la empresa en la que Alonso Puig era consejero externo desde que cesó como socio del Despacho Garrigues en septiembre de 2009.

El bufete, uno de los más importantes de España, ha tenido un papel capital en esta causa. El TSJM citó a declarar a dos de sus socios y antiguos compañeros del árbitro de las autopistas radiales, Carlos de los Santos y José María Anguiano, sobre las relaciones del principal firmante del laudo con el también presidente del Real Madrid.

Informe de Garrigues a la sala

Garrigues realizó un informe para la sala en el que se llegó a la conclusión de que no constaba que Alonso Puig “tuviera conocimiento, en el momento de su intervención en este arbitraje, de los proyectos en común que tuvieran con ACS las empresas filiales de la Corporación Llorente Muñoz”.

Es decir, la construcción y desarrollo de parques eólicos a través de Iberduero Eólica, la venta de estos con Construcciones y Obras Llorente (Collosa) o la constitución de una unión temporal de empresas (UTE) para ejecutar parte del recorrido del AVE de Madrid hasta Galicia.

Por todo ello, ACS y Sacyr consiguen un espaldarazo a sus intereses en la batalla por las radiales de Madrid.