La auditoría que PwC ha realizado a lo largo de 12 meses en Banca Privada d’Andorra (BPA) tras la intervención concluye que sólo el 3% de los clientes de a entidad son "presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales". Esta es la principal conclusión del informe que ha hecho público este martes a última hora por la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de Andorra, en el que explica que la agencia internacional ha “desarrollado e implementado” nuevos sistemas informáticos para procesar y analizar “más de 800 GB, lo que equivale a más de tres millones de folios de papel”.

Los 923 clientes que han sido señalados por el auditor “suponen unos 1.000 millones de euros en volumen de negocio”. Es decir, el conjunto de la inversión crediticia, los depósitos y los activos fuera de balance. Corresponden tan sólo al 19% del volumen total de BPA antes de la intervención.

Sólo 100 clientes potencialmente sospechosos

PwC admite que, de todos los expedientes que no han pasado la auditoría, únicamente 100 "combinan todos los factores de mayor riesgo". Son las cuentas que coinciden con lisas de blanqueo, operativa sospechosa o están vinculados con alguna causa de lavado de dinero internacional que están judicializados.

La AREB reconoce que el 92,6% de los titulares de cuentas u otros productos financieros en BPA en los momentos antes de su intervención, unas 27.000 personas, están en condiciones de ser traspasados a Vall Banc. Esta entidad de nueva creación ejerce de puente entre BPA y el futuro propietario del banco, según los planes del Gobierno de Andorra. Se trata de datos que van en línea a los avanzados por el Ministro de Finanzas del Principado, Jordi Cinca.

Por el momento, el ejecutivo liderado por Antoni Martí no ha encontrado quien ejerza de corresponsal en la migración de activos y ha encallado en la búsqueda del posible comprador.

Petición de más documentación

En el 7,4% restante se incluyen los 923 expedientes “presuntamente sospechosos”. Otros 1.242 activos, que corresponden al 13,4% el negocio de BPA, “podrían revelarse como aptos en el caso de que en un futuro presenten la documentación necesaria para avalar la legitimidad de sus cuentas y operaciones”.

Los auditores afirman que han sido incluidos en este grupo por dos motivos. O bien por la “falta de aportación de la documentación operativa de su operativa” o por el “número de transacciones” que realizaban, que resultaba “especialmente significativa”, por lo que se ha requerido información extraordinaria para justificar los movimientos. 

Rectificación de EEUU

La AREB ha publicitado las conclusiones de la auditoría a la entidad casi en la misma fecha en la que se cumple el primer aniversario de su intervención. Las últimas semanas el escenario sobre el caso BPA ha cambiado de forma sustancial, ya que el departamento del Tesoro de Estados Unidos que persigue el lavado de capitales internacional, el FinCen, ha decidido rectificar y ha retirado la Notice en la que acusaba al banco de facilitar el blanqueo y suponía un peligro para el sistema bancario mundial.

Han propiciado la situación los accionistas mayoritarios de BPA, la familia Cierco, que tienen causas abiertas en tribunales de EEUU, España y Andorra para defender la profesionalidad de la gestión del banco y reclamar que se frene la intervención. Exigen al Gobierno de Andorra, de entrada, que les devuelva la propiedad de la entidad y abren la puerta a reclamar daños y perjuicios por la caída de este banco y la filial en España, Banco Madrid, en concurso de acreedores.

Detención del director

Los Cierco y otros afectados por la intervención del banco en Andorra también reclaman la liberación del exdirector general de BPA, Joan Pau Miquel, en prisión preventiva desde hace un año sin que se haya concretado los presuntos delitos que se le imputan.

En el informe de este martes, la AREB indica que está en proceso de “adoptar las medidas necesarias para identificar los posibles indicios delictivos vinculados a la actuación del director general y de los administradores de BPA”. No da más detalles sobre la fecha en el que se inició la investigación ni sobre si hay un día límite para concluirla.

Por el momento, Joan Pau Miquel seguirá en la cárcel.