Dos de los principales ejecutivos españoles acudieron ayer al juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza para declarar como imputados por delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores. Se trata de la presidenta de Coca-Cola Iberian Partners, Sol Daurella, y de su director general, Víctor Rufat. Ambos defendieron la posición de su empresa en la compra de Cacaolat. Sostuvieron que se invirtió lo pactado con la justicia, en contra de la posición de los trabajadores de la factoría aragonesa de Utebo, que consideran que incumplieron todos sus compromisos.
También compareció ante la justicia el actual director de Cacaolat, Francesc Lluch. Todos, aunque con alguna contradicción, se mantuvieron en la tesis de haber cerrado la planta por razones de competitividad. La factoría se cerró hace dos años y 55 trabajadores han presentado una querella contra la millonaria barcelonesa y sus directivos.
Controversia sobre las inversiones
Los letrados de los empleados señalaron a la salida de la comparecencia judicial que, en contra de lo declarado por Daurella, Rufat y Lluch, la única inversión que realizaron los nuevos propietarios fue un sistema o aplicación que controlaba la entrada y salida de los trabajadores del recinto.
El letrado de los querellantes ha señalado a la salida que Daurella dijo estar “al tanto” de lo que se hizo con la planta de Utebo, aunque no conocía “al detalle” todos los aspectos del cierre.
Ni la propietaria de la embotelladora de Coca-Cola ni su primer ejecutivo quisieron atender a la prensa tras la comparecencia judicial.