Los Tribunales Administrativos de Contratación españoles han recibido un espaldarazo importante de la Unión Europea. Tras esta denominación se encuentran instituciones que se dedican a dirimir los recursos que se presentan en la contratación en todo el sector público y el más conocido es el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, la antigua Oarcc liderada por Juan Antonio Gallo que causó jurisprudencia en la materia y se hizo mediática al tumbar una de las principales adjudicaciones del Gobierno de Artur Mas, la de Aigües Ter Llobregat (ATLL) de casi 1.000 millones de euros en enero de 2013. Desde el pasado 6 de octubre, estas instituciones tienen carácter de “órgano jurisdiccional”.

Así lo dictamina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia C-203/2014 publicada hace casi 15 días. En la práctica, la nueva calificación permitirá a estas instituciones plantear de oficio cuestiones ante los magistrados de Luxemburgo. Les acerca a la justicia comunitaria y refuerza su papel, ya que cuando tengan dudas sobre la valía o el sentido de una resolución se podrán amparar directamente en el TJUE al plantear cuestiones que reforzarán sus sentencias.

Evitar largos litigios

Asimismo, los afectados por las causas que se valoren podrán evitar largos litigios como el de ATLL. Si el titular del tribunal acude a Luxemburgo y su resolución tiene el aval de la justicia comunitaria pocas dudas se podrán plantear sobre su sentido.

Las sentencias de los Tribunales Administrativos de Contratación tienen carácter ejecutivo según consta en la norma comunitaria que propició su nacimiento, pero no siempre se ha respetado este principio. El caso de las aguas catalanas es el más flagrante en España. En la resolución que dictaminaba que la mesa de adjudicación no estimó correctamente una de las ofertas (la de Agbar) y que se debía excluir, por sus problemas, la del consorcio liderado por Acciona data de enero de 2013 y aún no se ha aplicado por el litigio que sigue vivo.

Judicialización de resoluciones

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) respaldó la resolución del tribunal catalán en verano y la causa se ha elevado al Tribunal Supremo, que debe emitir la sentencia final. Un periplo judicial que, por el momento, sólo ha provocado que los litigantes (Agbar, Acciona, los miembros del consorcio que gestiona ATLL y la Generalitat) hayan destinado sumas millonarias al conflicto y que las arcas públicas catalanas puedan tener que cargar con los daños y perjuicios asociados a la tardanza en revertir una concesión por parte del Ejecutivo de Mas.

También ha acabado ante el TSJC la otra gran resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público: la macroadjudicación del servicio de ambulancias, que alcanzó los 2.000 millones de euros. En este caso, la institución presidida por Gallo desestimó el aluvión de recursos presentados por las empresas que perdieron la concesión al considerar que no existían argumentos de peso para anularla y dio luz verde al Gobierno catalán para firmar los contratos.

El papel de Gobierno ha sido diferente. En este caso, el departamento de Salud de la Generalitat y CatSalut decidió paralizar el concurso hasta que no culmine el proceso judicial por las derivadas que esto podría tener. Algo que se podría evitar si la resolución hubiera sido confirmada por el TJUE.

Cuestión planteada por el tribunal catalán

La nueva calificación de las instituciones se ha conseguido gracias a una consulta del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. El proceso se inició también en los primeros meses de 2013 a raíz de las dudas surgidas a la hora de dictar resolución sobre la petición del Consorci Sanitari del Maresme, que deseaba participar en el procedimiento de contratación de servicios de resonancia nuclear magnética organizado por la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

En el marco de dicho recurso, la institución presidida por Gallo decidió plantear cinco cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europea que, después de un debate en el que han participado los magistrados comunitarios, España e incluso Italia, los Tribunales Administrativos de Contratación salen reforzados.