Italia se querella contra los analistas de las agencias S&P y Fitch

La fiscalía italiana ha acusado a cinco analistas de la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) y a uno de Fitch de "inflingir daño injustificado" a través de su influencia en las rebajas de rating realizadas en 2011 y 2012 a la deuda soberana de Italia.

Según Financial Times, Italia, que tiene actualmente el mismo nivel de solvencia que Kazajastán, se suma así al conjunto de demandas globales que se han presentado en todo el mundo por el papel de las agencias de calificación durante la crisis.

Lo inusual del juicio, celebrado en Trani, al sur de Italia, es que se haya acusado a empleados individuales además de a las agencias, aunque dado el tiempo que ha pasado varios de ellos ya no trabajan ni en S&P ni en Fitch.

En este sentido, remarca que el pasado año el auditor estatal fue objeto de burla por sugerir la reclamación de 200.000 millones de euros por daños a las agencias al no tener en cuenta la historia, el arte y el paisaje de Italia cuando se rebajaron los ratings.

Desde 2012, el rating soberano de Italia ha ido descendiendo hasta situarse un escalón por encima de la categoría de bono basura como consecuencia del débil crecimiento económico y de una de las deudas más elevadas del mundo.

A finales de septiembre, el juzgado de Trani decidió no aprobar la petición de la defensa de trasladar el juicio a Roma o Milán. S&P y Fitch han negado las acusaciones.

"Este caso está basado en el malentendido de nuestro papel, que es apoyar la transparencia y la liquidez de los mercados aportando una opinión independiente sobre la solvencia relativa, basada en nuestra metodología pública y transparente", afirma S&P.

Por su parte, Fitch remarca que, como ha remarcado constantemente, este caso no tiene ningún fundamento y seguirán defendiéndose de forma enérgica. "Confíamos en que Fitch y nuestro personal será exonerado cuando continúe el juicio", agrega.

FT recuerda que la mayoría de las demandas presentadas contra las agencias han sido retiradas o rechazadas, aunque no ha sucedido lo mismo con sus calificaciones exageradamente positivas. En 2012, un juzgado australiano consideró que S&P engañó a los inversores al otorgar triple A a derivados complejos; y a principios de este año la agencia acordó con el Departamento de Justicia de EEUU el pago de 1.249 millones para cerrar acusaciones similares.