Imagen de unas instalaciones de BPA. A la derecha, Ramon Cierco (superior), Jordi Cinca, ministro de Finanzas, y Toni Martí, presidente de Andorra.

Imagen de unas instalaciones de BPA. A la derecha, Ramon Cierco (superior), Jordi Cinca, ministro de Finanzas, y Toni Martí, presidente de Andorra.

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El mal trago de PwC en Andorra: los accionistas mayoritarios de BPA le exigen “independencia”

Los hermanos Higini y Ramon Cierco temen que la auditora internacional se someta a las “injerencias políticas” del Gobierno de Martí al redactar el informe final

5 octubre, 2015 14:29

PriceWaterhouseCoopers (PwC) ha sumado una nueva presión a su trabajo en Andorra. Si la semana pasaba el grueso de los auditores de la firma internacional abandonaban el Principado por las discrepancias con el Gobierno sobre la auditoría en Banca Privada d’Andorra (BPA), este lunes los accionistas mayoritarios de la entidad intervenida, la familia Cierco, han enviado una carta a los responsables del bufete en Barcelona y Londres exigiéndoles que el informe final de la auditoría refleje la “independencia” de la consultora.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Crónica Global, los hermanos Higini y Ramon Cierco reclaman a PwC que indique en las conclusiones “de una manera clara y directa” si han detectado evidencias de que BPA había “institucionalizado un sistema de lavado de dinero” más allá de los casos que el propio banco denunció a la justicia.

Varias causas abiertas

Así lo indicaba el informe del FinCen, el organismo del Tesoro estadounidense que lucha contra el lavado de dinero y fraude internacional, del pasado marzo que motivó la toma de control de BPA por parte del Gobierno de Antoni Martí y la liquidación de su principal filial en España, Banco Madrid. Los accionistas principales del grupo financiero han abierto causas en EEUU, España y Andorra para intentar revertir todos estos procesos.

Desde el primer momento, los Cierco insistieron en que nunca se concurrió en tales prácticas en el seno del banco. Los retrasos en la presentación de la auditoría de BPA apuntan a esta dirección, ya que el Parlamento andorrano debería tener desde el inicio del verano un borrador del informe que se ha retrasado sine die.

Temor de injerencias políticas

De hecho, el Ejecutivo andorrano ni siquiera ha comunicado cuándo presentará el documento final. Señala que está en su fase final, reconoce que la factura es millonaria para las arcas públicas y las discrepancias con el centenar de auditores que han trabajado en BPA es pública y notoria al marcharse físicamente del país.

Los hermanos Cierco reconocen que existe el temor de que la redacción del informe “pudiera estar condicionada por presiones e injerencias políticas e, incluso, que la auditora no acabe recatándolo y sea el INAF quien lo haga”, señalan fuentes de su entorno.

Falta de transparencia

“Todo este asunto es de una gran incompetencia burocrática, falta de transparencia y encubrimiento”, señala el coordinador de la estrategia legal de la familia Cierco, el abogado estadounidense Eric Lewis. El letrado avisa de que los hermanos “están decididos a limpiar su buen nombre por el honor de sus empleados, socios accionistas, clientes y la reputación familiar. Es hora de empezar a rendir cuentas”.

Asimismo, exigen el “derecho de tener la oportunidad de analizar el informe de auditoría y la información subyacente que lo acompañe antes de su publicación”.

Cambio de criterios

Los profesionales de PwC analizaron las entrañas de BPA prácticamente desde el día siguiente a la intervención del banco. Los accionistas mayoritarios también denuncian que a lo largo del proceso de auditoría se han cambiado criterios e incrementado el nivel de búsqueda, “poniendo en evidencia la necesidad de reflejar cuestiones que nada tienen que ver con las acusaciones hechas por el FinCen”.

También señalan que BPA cuenta con auditorías antiblanqueo, denominadas AML, desde 2002 que están aprobadas por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y por “algunas de las principales firmas de auditoría global”. La familia Cierco defiende que las “políticas estrictas de cumplimiento antiblanqueo” se implementaron también en España tras la compra de Banco Madrid.