La banca andorrana sufre medio año después del polémico ‘caso BPA’

La banca andorrana está en horas bajas. La crisis de Banca Privada d’Andorra (BPA) --primero con el informe del FinCen, el organismo del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) que lucha contra el fraude internacional, y la posterior gestión que hizo del escándalo el Ejecutivo-- ha propiciado que más del 3% de los depósitos de la banca del Principado huya del país en tan sólo tres meses.

El Gobierno de Antoni Martí ha asegurado esta semana que no tiene constancia de cuánto dinero gestionan Crèdit Andorrà, Andbank, Mora Banc y Banc Sabadell d’Andorra y mantiene que la caída de BPA no ha tenido ningún efecto contagio al resto del sistema. “Desde hace meses hay normalidad en este sentido”, manifestó el ministro de Finanzas y portavoz del Ejecutivo, Jordi Cinca.

Pérdida de confianza

Los datos y fuentes financieras del país pirenaico indican, sin embargo, lo contrario. Los responsables de los bancos reconocen, en petit comité y fuera de micro, que sí que han notado una pérdida de confianza en el sistema. Especialmente por parte de los clientes internacionales, los más importantes para la banca del país.

El tropiezo de las entidades del país no es menor. Cabe recordar que la banca supone directamente el 20% del PIB de Andorra y que su actividad es clave tanto para la organización de la sociedad como para la atracción de visitantes. Por lo que la crisis también empuja al turismo, otro de los sustentos del país.

Irregularidades y gestión

¿Qué ha propiciado que en un trimestre los depósitos de Andorra hayan bajado de los 46.700 a los 45.200 millones? Los analistas consultados señalan que las presuntas irregularidades que señaló el FinCen encendieron la alarmas por la falta de control de la gestión de activos, pero lo que acabó de dar la puntilla a la situación de crisis fue la actuación del Gobierno.

En lugar de respaldar a la entidad y, en última instancia, a las leyes que regulan la actividad bancaria del país decidió entrar en BPA e iniciar una etapa de incertidumbres que incluso ha propiciado que, seis meses después del informe del Tesoro estadounidense, aún se mantenga el corralito a los depósitos.

Auditoría sin completar

Ni siquiera se ha completado la auditoría que más de 100 trabajadores de PwC iniciaron en marzo a los activos de la entidad para detectar las supuestas cuentas manchadas en el banco, las que guardarían capital del crimen internacional y el blanqueo de capitales.

Han sido los antiguos propietarios del banco, los hermanos Cierco, los que han iniciado medidas ante el Tesoro de EEUU para demostrar que nunca se produjo ninguna irregularidad en el seno de la entidad e intentar recuperar así la propiedad del grupo financiero. No descartan tomar la vía legal si el recurso no prospera.

Denuncia por la gestión pública

También han denunciado ante EEUU la actuación del Ejecutivo, que incluso escondió información al FinCen, según el escrito remitido al organismo financiero.

El Gobierno, mientras, manifestó el pasado jueves que la auditoría está “en la recta final” y que las más de 20.000 cuentas bloqueadas en BPA tendrán de nuevo acceso a sus fondos. Han pasado seis meses y no prevén ninguna compensación a los afectados. Algo que, según los mismos analistas, tampoco gusta a los mercados.

Consejero delegado encarcelado

El futuro de BPA no es claro: el Gobierno mantiene que los activos se deben traspasar a Vall Banc y que el nuevo banco, que ni siquiera tiene ficha para operar en el sector debe ser vendido a un tercero; se ha despedido a buena parte de la plantilla y, lo más grave del caso, el ex consejero delegado de la entidad y de Banco Madrid (su principal participada), Juan Pau Miquel, sigue entre rejas de forma preventiva e insólita en derecho internacional por el supuesto riesgo de destrucción de pruebas del escándalo financiero que decretó en marzo el juez.