Montoro recuerda ahora a los altos cargos que deben moderar sus gastos

Ocho años después de que estallase la peor crisis del último siglo, cuando todas las empresas del mundo han implementado planes de ahorro --más allá de reducir plantillas--, cuando las aerolíneas de vuelos baratos se comen el mercado del transporte aéreo porque particulares y empresas se aprietan el cinturón, el Gobierno español se acuerda de que los altos cargos del sector público deben ser comedidos en el gasto.

Y lo peor es que la orden del Ministerio de Hacienda aparece en el BOE en plena campaña electoral de las legislativas, de las que las autonómicas catalanas son para el PP un capítulo de su precampaña. O sea, al final de la legislatura. Además, sólo serán de aplicación para los contratos que se firmen a partir de mañana.

Ir de turista

El departamento de Cristóbal Montoro ha elaborado una serie de "indicaciones" para recortar los gastos de los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, entre las que se encuentran la de acogerse a la tarifa turista en sus viajes de avión o tren y la de utilizar con carácter general el transporte público para sus desplazamientos.

Esta lista de indicaciones --ocho en total-- vienen recogidas en una orden publicada este jueves en el BOE y firmada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Principios de buena gestión

La orden fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas y desplazamientos para los máximos responsables y directivos del sector público estatal. También establece una serie de "criterios de buena gestión" para ajustarse a los principios de austeridad en el gasto, "imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias".

Hacienda les sugiere que recurran a audio o videoconferencias como alternativa a las reuniones o desplazamientos y que apliquen "criterios restrictivos" en cuanto al número de personas que han de desplazarse, evitando los desplazamientos "innecesarios".

Hacienda considera que las cosas no deben precipitarse y por eso da dos meses de plazo a contar desde mañana a las entidades del sector público estatal para adaptarse a las directrices y normas contempladas en esta orden.