Varios colectivos preparan demandas contra PriceWaterhouseCoopers por sus trabajos sobre BPA

Una media de 100 profesionales de PriceWaterhouseCoopers (PwC) llevan 150 días estudiando las cuentas de la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA). La auditora internacional ha recibido el encargo de las autoridades del país pirenaico de escrutar cuál era la situación del grupo financiero en el momento en que el Ejecutivo del Principado decidió ponerlo bajo su tutela pública.

Los empleados de PwC proceden en su mayoría de España, pero también de la oficina estadounidense de la auditora. Su trabajo, sin embargo, ha despertado no pocos recelos entre colectivos de trabajadores, clientes y accionistas del banco que era propiedad mayoritaria de la familia Cierco hasta su intervención por eventuales sospechas de participar en tramas internacionales de blanqueo de capitales.

¿Un trabajo demasiado lento?

Más de cuatro meses después de haber iniciado sus trabajos, los auditores no han emitido informe oficial alguno que avale las supuestas irregularidades en las que se cimentó la decisión del Gobierno andorrano. Se da la circunstancia de que la filial de BPA, el español Banco Madrid, fue inspeccionado en España por las autoridades financieras, con menos efectivos y en apenas unas semanas. De hecho, el banco ya está en manos de los administradores concursales que discrepan de la cuantificación que desde Andorra se ha realizado sobre su valor de mercado.

El coste estimado de los servicios que presta PwC se sitúa, según fuentes financieras andorranas, en unos 30 millones de euros. Ese precio equivale al 14% de los recursos propios del grupo y al 1% de los Aums (assets under management o activos administrados). El responsable en España de PWC es Gonzalo Sánchez.

Críticas a la independencia real de Price

Para los colectivos que preparan una actuación legal contra PwC, la argumentación es sencilla: la multinacional estadounidense de la auditoría que preside Dennis M. Nally estaría prestando cobertura legal a una actuación “desastrosa” de las autoridades andorranas contra la que los antiguos propietarios ya han iniciado actuaciones jurídicas.

Así, por ejemplo, los antiguos accionistas de BPA sostienen que los criterios de valoración de los activos que se están utilizando tienen como objetivo último beneficiar a un eventual nuevo comprador. Por ejemplo, si un activo posee un valor de 10 y por razón de la intervención se reduce a ocho, el próximo propietario del banco podrá realizar una jugosa plusvalía cuando retorne el activo a su verdadero valor de mercado. A decir de los representantes legales de estos colectivos que han iniciado su coordinación, se trataría de una operación encubierta que ascendería a centenares de millones.

Valedores del error gubernamental

“Cualquier código ético, deontológico o de responsabilidad corporativa bien aplicado impediría que PwC pudiera participar de este auténtico despropósito. Tanto por el coste como por lo que persigue: encubrir un error de gestión del gobierno de Antoni Martí, que no supo administrar las recomendaciones de EEUU sobre la banca de Andorra”, asegura el letrado que coordina a los grupos que han comenzado a coordinar las acciones contra la auditora.

No es la única queja, el importe de los emolumentos que puede recibir PwC en este proceso ha suscitado críticas entre los empleados del grupo, que consideran que mientras a ellos les espera un enorme ajuste laboral con reducción de plantilla el Ejecutivo de su país malgasta los fondos de BPA de forma arbitraria. “Pensamos que tras 150 días, un centenar de auditores trabajando suman 15.000 días de trabajo o 45 años de trabajo de una sola persona. Suficiente para que hubieran podido emitir informes que dejaran claro que nada de lo encontrado allí justifica lo sucedido y que su papel va más allá que el puro examen técnico”, señala un empleado del grupo con responsabilidades desde hace años en la entidad.