La pulcritud de las operaciones con las que trabaja la banca andorrana y su observancia sobre los controles que deben establecerse queda en entredicho a la vista de cuatro sentencias en las que la propia Justicia del Principado reconoce que los delincuentes usaron sin problemas sus cuentas en el país para “introducir en los circuitos legales el dinero que obtenían del tráfico de sustancias ilícitas”, tal y como afirman literalmente los magistrados Josep Maria Pijuan, Enric Anglada y Cristina Bea en una resolución del Tribunal de Corts del pasado 22 de abril.

Hasta la fecha, sólo la Banca Privada d’Andorra ha sido intervenida por el gobierno del país y lo hizo tras un informe de un organismo financiero estadounidense que alertaba de la supuesta comisión de delitos de blanqueo internacional de capitales.

En la sentencia más reciente, los acusados (E.R.G., F.A.O.G. y J.A.M.Q) abrieron varias cuentas en Banc Internacional d’Andorra (Mora Banc), Mora Banc y Crèdit Andorrà en las que ingresaron desde 1994 dinero en efectivo cuyo origen principal era la venta de hachís desde Marruecos a toda la Península Ibérica, Francia, Países Bajos y Alemania.

Condenas previas en España

La Audiencia Provincial de Barcelona y la Audiencia Nacional condenó ya en 1989 a los acusados de delitos contra la salud pública que pasaron por alto a las entidades del Principado, que les permitieron abrir varias cuentas e incluso tomar posiciones en fondos de inversión que actuaban en el país. Los propios magistrados estiman que está “plenamente probado que los ingresos efectuados por los acusados en las cuentas abiertas a su nombre en las entidades bancarias Banc Internacional, Mora Banc y Crèdit Andorrà tenían su origen en el tráfico de estupefacientes”.

Pijuan, Anglada y Bea condenaron a los tres acusados “como responsables penales en concepto de autores de un delito mayor de blanqueo de capitales, mediante grupo organizado y con habitualidad”. Les cayeron cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros al cabecilla, E.R.G., y a dos años y una multa de un millón de euros a sus dos principales colaboradores. Fueron expulsados del Principado durante 20 años. Los gestores bancarios que trabajaron con ellos ni siquiera fueron imputados en la causa.

Ingresos en billetes ‘pequeños’ en Crèdit Andorrà

Algo parecido ocurrió con R.G.G., condenado el 7 de mayo de 2014 a dos años de cárcel, una multa de 250.000 euros y la expulsión del país por 20 años como “autor de un delito mayor de blanqueo de capitales”, reza la resolución dictada por Pijuan, Concepció Barona y Anna Estragués.

El acusado también trabajó con Crèdit Andorrà, el banco controlado por las familias Ribas y Reig, donde se ingresaron en efectivo por valor de 185.000 euros “dinero obtenido con el tráfico de sustancias estupefacientes en España”. En este caso, las entradas en el banco se realizaban “con billetes de un valor facial, en su mayoría de cinco, 10, 20 y 50 euros”.

La entidad tampoco recibió ninguna sanción del Tribunal. Simplemente se inmovilizaron los 32.156 euros que quedaban en depósito cuando R.G.G. fue sentenciado.

Dos detenciones

El caso de J.H.Z. y sus hermanas R.H.Z. y E.H.Z. es aún más rocambolesco. También recurrieron a Crèdit Andorrà para operar con el capital obtenido del narcotráfico. Lo curioso del caso es que decidieron poner a resguardo sus ganancias ilícitas cuando el cabecilla de la familia (J.H.Z.) disfrutaba de un tercer grado en Barcelona. En 2002 pudo salir de la cárcel del centro penitenciario de Brians tras ser acusado de un delito contra la salud pública en 1997 por formar parte de una red que importaba cocaína desde Colombia.

El principal acusado fue detenido en el Principado en diciembre de 2002, donde había fijado su residencia tras aparecer como colaborador económico de un laboratorio de una red de narcotráfico que cayó al ser desmantelado un laboratorio de droga sintética en Girona en agosto de ese año.

Ingreso en efectivo de 2,9 millones de dinero ilícito

Desde que entró por primera vez en la cárcel de Brians hasta que fue detenido en el Principado, él, sus hermanas y su madre abrieron varias cuentas en la entidad de los Ribas y los Reig y efectuaron allí varios ingresos en efectivo. El valor total de las transacciones ascendía a los 2,9 millones de euros, según el sumario de caso. Se intentó retirar parte de esta fortuna. 

El Fiscal consideró probado que los hechos “constituían un delito mayor de blanqueo de capitales que procedía del narcotráfico, con ánimo de lucro”. Las hermanas y la madre del principal acusado intentaron librarse de las condenas, pero finalmente fueron condenadas a cinco años de cárcel, una multa de 300.000 euros y la expulsión del Principado por 10 años.

Defecto de forma

La familia de J.P.P. tuvo más suerte. La sentencia del 17 de julio de 2012 del Tribunal de Cuentas da por sentado que cometieron los delitos de “asociación ilícita y blanqueo de capitales cometido dentro de un grupo organizado”, pero un defecto de forma principalmente por las escuchas realizadas les propició la absolución.

En este caso sí que fueron acusados los gestores del Banc Sabadell d’Andorra que trabajaron con la familia a título individual. Los magistrados Estragués, Enric Anglada y Jacques Richiardi consideraron que eran conscientes de que la “operativa en su conjunto estaba destinada a impedir o dificultar el seguimiento del dinero procedente del narcotráfico internacional y su introducción en los mercados financieros ilícitos”.

Lavaron capital procedente de la venta, básicamente, de cocaína procedente de Colombia.