'Hackea' el wifi público y vende las contraseñas a particulares

“Wifi gratuito. Conexión a redes públicas. 40 € una sola vez. Dos años de garantía”. Es el mensaje que reza en uno de los carteles que puede encontrarse todo aquel que camine por el paseo de la Zona Franca de Barcelona. En la parte inferior, etiquetas separables con un número de teléfono bajo dos palabras de fácil recordatorio: “Internet gratis”.

Este medio se ha puesto en contacto con el titular del número para informarse sobre la oferta. “Nosotros vamos a tu casa, miramos las conexiones públicas que tienes alrededor, las abrimos, te damos las contraseñas y ya está”. La utilización de la primera persona del plural invita a pensar que se trata de una empresa, pero no es así. “Soy yo solo, un particular”.

El servicio ofrece, además, una garantía de dos años para tranquilidad del usuario: “Si fallan las redes, vuelvo a tu casa, vuelvo a abrir las redes y me voy sin cobrarte”. Un servicio ante el que no sería necesario abonar más dinero del que se le paga en un inicio: 40 euros.

Penas de cárcel

Sergio, como se llama este hacker de redes públicas, asegura que quien lo contrate no debería tener ningún problema. “Ilegal no es”, responde a la pregunta de Crónica Global. Sin embargo, la ley no dice lo mismo. El artículo 255 del Código Penal informa de que será castigado con la pena de multa de tres a 12 meses “el que cometa defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos” empleando cualquier medio clandestino, alterando las indicaciones o aparatos contadores o valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

El mismo artículo recoge que, si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros, se impondrá una multa de uno a tres meses. Suponiendo que el wifi cueste unos 20 euros al mes, debería piratearse durante más de un año y medio para alcanzar la cifra de 400 euros, por lo que la sanción resulta relativamente baja.

Revelación de secretos

Sin embargo, el artículo 197 del Código Penal advierte que “el que, para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones” se castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de 12 a 24 meses.

Lo que significa que hacerse con una contraseña ajena es una vulneración de su intimidad al descubrir un secreto suyo.