La fiscalía acota la trama de las licencias municipales amañadas en Barcelona

Anticorrupción identifica a los técnicos del ayuntamiento y a los propietarios que participaron en los sobornos para obtener permisos municipales

3 min
La fiscalía acota la corrupción de licencias de Barcelona
20.06.2017 00:00 h.

Los fiscales Teresa Duerto y Jordi Casas han identificado a los técnicos municipales y a decenas de propietarios de Barcelona implicados en la presunta trama de corrupción de concesión irregular de licencias urbanísticas a cambio de mordidas que se investiga desde hace 8 años.

La juez de Instrucción número 32 de Barcelona, Elisabet Castelló, investiga este escándalo desde 2009, cuando ordenó las primeras detenciones de los sospechosos tras aparecer vinculados a una red de prostitución cuyas ramificaciones perseguía la magistrada.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción, tras 8 años de indagaciones, ha presentado un lapidario informe en el que pone nombre y apellido a los componente de esta trama.

Corrupción masiva

Desde 2009, la juez ha cumulado más de 150 expedientes urbanísticos adulterados por la trama que dirigía el exjefe de los servicios técnicos en Ciutat Vella Heliodoro Lozano, dos técnicos a su servicio y la responsable jurídica del área, Elena Ariza. Según las averiguaciones judiciales los propietarios pagaban entre 2.000 euros y 8.000 euros por obtener informes municipales manipulados que permitieran acceder a la apertura de negocios o a licencias para determinadas obras en los inmuebles de Barcelona.

En ocasiones, según el sumario, los técnicos municipales imputados cobraban por alertar a los propietarios sobre inminentes inspecciones. A Heliodoro Lozano se le detuvo infraganti cuando un propietario le entregó personalmente un sobre con 2.000 euros.

La Fiscalía pone la directa

Ahora, la fiscalía ha recapitulado todo los investigado hasta el momento y ha presentado un sólido informe en el que pide el archivo de los cargos atribuidos a más de 70 propietarios pero ratifica las acusaciones contra los demás (unos 60 propietarios, entre pisos turísticos, restaurantes y comercios), así como contra los responsables municipales hasta ahora investigados.

La fiscalía pide nuevas declaraciones y se reserva el derecho a aumentar el número de imputados si se demuestra que en el ayuntamiento, más allá de los ya investigados, aparecen otros mandatarios municipales que estaban al corriente de esta trama de sobornos.

¿Quiere hacer un comentario?