Altos cargos de CDC, no identificados, participaron en el expolio del Palau

“El sistema fue luego continuado y perfeccionado por el acusado Daniel Osácar, nuevo tesorero del partido que sustituyó a Torrent a su muerte. La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado. Los sucesivos tesoreros de CDC, con un supuesto auxilio en los primeros años de Jaume Camps (cuya posible responsabilidad criminal por estos hechos ha sido declarada prescrita), eran los encargados de recibir el dinero para el partido y a cambio garantizar que altos responsables del partido, que no han podido ser determinados, se unieran al tesorero para ejercer el ascendiente que ostentaban sobre los cargos públicos pertenecientes o afines a su formación política, a fin de asegurar el flujo de adjudicaciones pretendido por la empresa”.

Así de contundente se muestra el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled en el escrito de acusación del caso Palau en el que solicita ocho años de cárcel para el extesorero de CDC Daniel Osácar.

Sube la pena

El fiscal le acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y pasó de pedir siete años y medio a ocho años de prisión. A CDC, “o a la que la haya sucedido”, como partícipe a título lucrativo, le sigue exigiendo 6,6 millones de euros.

“En definitiva, se trata de que la empresa privada Ferrovial Agromán efectuó cuantiosos pagos a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya”, expone el fiscal y añade: "En este marco de relación entre Ferrovial Agromán y los entes que conforman el Palau de la Música se desarrolla la trama delictiva que vincula la financiación ilegal del partido CDC con la adjudicación de obra pública a Ferrovial por parte de organismos públicos regidos por dicha formación política”.