Justicia 'cuñada' y Turull desaforado

Munición antisistema. La disparidad judicial lastra el crédito de los tribunales. Urdangarin queda por el momento en libertad sin fianza y con pasaporte. Seguirá pedaleando en Suiza. Al poco de trascender lo suyo saltaba el fallo de Rato y Blesa, condenados a cuatro y seis años de prisión. No es país para banqueros. Mientras el cuñado del Rey goza de un delicado trato, los jueces aporrean a los gestores de la catástrofe bancaria para solaz de preferentistas, hipotecados y demás estafados.

La izquierda mediática se pone las botas con el gran Gangarín al punto de resultar más previsible que una portada de El Jueves. El soberanismo ilustrado también carga las tintas. No es para menos. Con lo fácil que hubiera sido decretar ni que fuera una fianza. Se vende el duque la colección de bicicletas (que por Silvia Taulés se sabe que valen un pastón) y todo el mundo contento. Pero no. Que no hay riesgo de fuga arguyen las tres juezas de Palma.

Se está cociendo una olla podrida de la que Artur Mas podría salir con una sentencia entre blanda y fofa que sería toda una condecoración al mérito del proceso que le situaría un peldaño por encima de Oriol Junqueras en la carrera electoral. Es el tiempo de la justicia redistributiva.

De momento, el catalanismo hiperventila. Como todo es bueno para el convento, que ayer se cumplieran 36 años del golpe de Estado de Tejero, Milans et altri y la Fiscalía presentara una segunda querella contra Carme Forcadell y parte de la mesa del Parlament fue el engrudo ideal para que Turull cambiara la cara de modosito por la de portavoz batasuni. "Es (la querella) la versión 2017 del todos al suelo". Sembrao, macho. Al señor Turull sólo le queda lucir una camiseta CUP style para completar la transformación del político conservador con inquietudes religiosas en el Garganté convergente tatuado de malote.

La tesis del golpe de Estado del Estado es compartida por el diario El Nacional de Antich. David González se ocupa de dar forma a la soflamática tesis: "23 de febrero del 2017. Murcia: destitución del fiscal que investigaba al presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez por la rama murciana de la trama Púnica. Palma: ni prisión ni fianza. Iñaki Urdangarin, libre como un pájaro (promete, sin embargo, no volar). Barcelona: Joan Josep Nuet perdonado por el fiscal porque no es independentista. Madrid: justicia compensatoria. Prisión para Rato y Blesa -ángeles caídos con tarjetas oscuras-. Sevilla: oxígeno para Griñán en el caso de los ERE. Alud de resoluciones político-judiciales como ráfagas de ametralladora contra el techo de cristal de la independencia judicial española. No son los guardias civiles asaltando el Congreso ni los tanques de la Brunete en la calle, pero sí un ejército de togas maniobrando al límite en cinco escenarios de alta sensibilidad bajo la atenta mirada de la Moncloa. ¿Estamos ante un 23F judicial 36 años después?".

En el texto se lo pregunta, no así en el titular, que es este: "El 23F judicial: Urdangarin libre, Nuet perdonado, el fiscal de Murcia fulminado". González aclara: "No es un golpe de estado como el del 23 de febrero de 1981, con un juicio blando para la mayoría de los implicados para evitar males (de sables) mayores, pero se parece bastante a un golpe del Estado con los jueces movilizados para salvar la monarquía española en el último minuto".

Eso y más. Hay que ver el rebote que lleva Nuet porque la Fiscalía no procede contra él. Está por romper una farola para que lo imputen. El jefe de la ANC, Jordi Sànchez, ha resumido el todo con un "a la mierda" en Twitter. Liso y conciso. Ahí estamos, cívicos, pacíficos y escatológicos.

Sustanciada la parte catalana de la actualidad, en El Mundo avizoran que el viaje a Rato y Blesa ha sido para compensar la doctrina cuñado. Carlos Segovia ha indagado entre los afectados y lo refleja en un texto del citado medio: "Los mismos que, desde posiciones ideológicas diferentes, gestionaron juntos Caja Madrid y, según la sentencia, 'se rindieron en aras del beneficio ilícito que reportaba el uso de la tarjeta', también están ahora de acuerdo en algo: ven una operación política en su contra. Ya sean de derechas o de izquierdas, empresarios o sindicalistas, los consejeros condenados por las 'black' aseguran, bajo estricta condición de anonimato, que la sentencia es una 'chapuza destinada a aplacar al pueblo'. 'Somos chivos expiatorios', es una frase generalizada pronunciada entre los sondeados por este diario. 'Nos utilizan para tapar lo de Urdangarin', afirma un veterano miembro del PP en sintonía nada menos que con un comunicado de CCOO. El sindicato incide en que la 'indiscriminada ejemplaridad' de la sentencia se produce 'en un tiempo judicial especialmente convulso si tenemos en cuenta otras condenas dictadas e interpretadas estos días (...) como la del caso Nóos'".

De lo indiscriminado a lo concreto, Francisco Velasco firma la noticia en La Razón sobre la sentencia black: "'Si eran conocidas estas tarjetas, como repetidamente se afirmó en el juicio oral, restándole importancia a su emisión, minimizando la trascendencia de la intervención de aquellos después de tantos años circulando y sin reparar justamente en lo contrario, precisamente, todo ello, lo que revela es que frente a la protección de la entidad sostuvieron un sistema que perjudicaba claramente a su caudal –el de Caja Madrid y, posteriormente, el de Bankia–, pero siendo sus primeros beneficiados'. Éste es uno de los principales argumentos que utiliza la Audiencia Nacional en su sentencia en la que condena a Miguel Blesa a seis años de cárcel y a sucesor en la caja y presidente de Bankia Rodrigo Rato, a cuatro años y medio, por delito continuado de apropiación indebida y administración desleal. Éste anunció anoche que recurrirá la sentencia. Al resto de los 63 beneficiarios de las 'tarjetas black', en calidad de colaboradores, a penas que van de entre tres meses a seis años de cárcel, excepto al ex director General de Medios Ildelfonso Sánchez Barcoj, a quien se le impone dos años y seis meses de cárcel como colaborador y cómplice de la operativa desarrollada que contribuyó a mermar el caudal de la entidad bancaria. Tanto a Blesa como a Rato y Sánchez Barcoj se les absuelve del delito de administración desleal".

En el ABC, Salvador Sostres clama al cielo por la sed de sangre del populacho, la chusma de todo tipo que habita en el cuero hispánico. Arranca así su comentario: "Hay una España truculenta, resentida y vengativa; una España Puerto Hurraco, supersticiosa y negra, con el tic de la hoguera. Es la España que corre a insultar al criminal a la salida del juzgado y luego no se pierde ninguna revista o programa que haga de su crimen un espectáculo".

Sacto. Y hay una Cataluña que es la polla, con gente educada, culta y aseada a las puertas del juzgado insultando a una fiscal. ¿No?

Continúa Sostres: "El furor moderno de esta España es meter a gente en la cárcel. Ninguna condena les parece suficiente, sobre todo si el reo goza de alguna popularidad. (...) Dejando a un lado este caso concreto (Nóos), es de una crueldad inenarrable que los delitos económicos se castiguen con la cárcel. En la prisión sólo tendrían que estar aquellas personas que representan en la calle un peligro físico para la sociedad, como los violentos, los asesinos, los terroristas, los violadores y los pederastas. Contra corruptos, defraudadores y similares hay penas mucho más productivas para la sociedad e igualmente disuasorias".

No concreta qué penas serían más productivas y la verdad es que se hace difícil ver a un Pujol, un Rato o un Urdangarin trabajando para la comunidad, cosa que es, por otra parte, lo que sus abogados alegan que hacían.

24 de febrero, santoral: Modesto, Lucio, Sergio y Julián.