Teresa Ribas (d), directora de la Agencia Tributaria de Cataluña, se marcha al Ayuntamiento de Barcelona / EP

Teresa Ribas (d), directora de la Agencia Tributaria de Cataluña, se marcha al Ayuntamiento de Barcelona / EP

Política

La directora de la Hacienda catalana 'planta' a Junqueras y se va con Colau

Teresa Ribas deja el cargo en la Agencia Tributaria autonómica y cede el testigo a Olga Tomàs, un perfil técnico

12 septiembre, 2016 12:49

La directora de la Hacienda catalana deja su cargo en el Govern y se marcha al equipo de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Teresa Ribas, la directora de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), ha pactado su renuncia tras dos años y medio en el puesto. Su lugar en la llamada estructura de Estado, que pende de la vicepresidencia de Economía del Gobierno catalán, lo ocupará Olga Tomàs, una directiva de perfil técnico con amplio recorrido en la administración autonómica.

Fuentes de la vicepresidencia de Economía, que dirige Oriol Junqueras, han informado que el cambio "ha sido pactado por ambas partes y responde a una petición de Ribas". Su reemplazo al frente de la ATC es una persona "preparada y que conoce la administración". Desde el departamento de Junqueras destacan que Tomàs tiene experiencia del departamento, pues desde 2011 ocupaba el puesto de directora de Servicios de esta consejería.

"Hacienda catalana"

El cambio al frente del embrión de la futura Hacienda catalana se produce en pleno desarrollo de este ente.

La nueva directora deberá pilotar el proceso para dotar de musculatura al organismo tributario. A este respecto, Economía espera que pase de los 350 empleados actuales a 800 el próximo año, y de las cuatro sedes que tiene ahora a un total de 17.

Fracaso

Ribas también deberá dedicar esfuerzos en sacar la futura Hacienda del letargo. La agencia apenas consigue recaudar impuestos estatales pese a los múltiples convenios de la Generalitat con varias instituciones.

Además, el organismo acumula sonoros fracasos, como la falta de técnicos expertos o la imposición de recargos a los ayuntamientos comprometidos con esta pieza clave del proceso soberanista por falta de un protocolo de pago directo.