Romeva también esconde al Parlamento catalán la diplomacia independentista

Rapapolvo al consejero de transparencia de la Generalitat… por su poca transparencia.

El Parlamento autonómico acaba de reprobar a Raül Romeva, consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, por negarse a facilitar a una diputada información sobre una serie de memorandos independentistas enviados a representantes de otros países.

El ocultismo de Romeva trasciende la misma semana que Junts pel Sí ha intentado vetar el debate parlamentario proponiendo la aprobación exprés de la ley de desconexión de España, cuyo contenido se desconoce porque el Gobierno catalán la guarda bajo llave.

En septiembre del año pasado, la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán solicitó, por vía parlamentaria, copia de los memorandos que el consejero Romeva ha enviado a diferentes instituciones en los que explica el proceso independentista que se está llevando a cabo en Cataluña. A modo de ejemplo, adjuntaba el memorando número 29, titulado The people of Catalonia march massively (again) for Independence, relativo a la manifestación secesionista celebrada en la Diada del 11 de septiembre de 2016.

Asimismo, Beltrán pidió la relación de destinatarios de esos escritos, que, al parecer, pertenecían al cuerpo consular.

Plazo para responder

Pasado el plazo máximo que el Reglamento de la Cámara catalana concede al Gobierno autonómico para responder a las preguntas de los diputados –15 días más otros días de prórroga--, Ciudadanos pidió el amparo de la Mesa del Parlament. Este órgano le dio la razón e instó a la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia a que facilitara a Beltrán la información solicitada.

Romeva, finalmente, respondió a la diputada, pero facilitando datos que nada tenían que ver con la información solicitada, pues se limitó a relatar los convenios con diversos países extranjeros. La representante de la formación naranja volvió a apelar, en esta ocasión en forma de queja, a la Mesa del Parlamento, que resolvió reunir a su órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública.

Este órgano, que no suele convocarse con frecuencia, está integrado por personas independientes de la Cámara catalana –en este caso, la directora de Gestión Parlamentaria, el director de Estudios Parlamentarios y la jefa del Área de Archivo--, tal como dictamina el reglamento del Parlamento. Su objetivo es resolver las reclamaciones de los ciudadanos relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno.

"No puede tratar peor a los miembros del Parlament"

Este órgano dio la razón a Beltrán en un dictamen enviado el pasado martes a la Mesa y al que ha tenido acceso Crónica Global. En él asegura que el Govern respondió de forma incorrecta y que si la excusa fue que la diputada había formulado la pregunta de forma imprecisa, tal como sostiene la Consejería de Asuntos Exteriores en sus alegaciones, tiene que “prestar asesoramiento y asistencia al solicitante para que pueda concretar la petición”.

Añade que “si eso es así, para el conjunto de los ciudadanos, el Govern no puede tratar peor a los miembros del Parlament, ya que, como establece el artículo 7 del reglamento de la Cámara, el derecho de acceso a la información de los diputados tiene, en todo caso, carácter preferente y se debe poder hacer efectivo siempre que los derechos o bienes jurídicos protegidos se puedan salvaguardar mediante el acceso parcial a la información, la anonimidad de los datos sensibles o la adopción de otras medidas que lo permitan”.

Los dictámenes de este órgano son vinculantes, por lo que el Gobierno catalán está obligado a respetar el derecho de la diputada a acceder a la información solicitada. “Romeva ha provocado un conflicto entre instituciones y puede crear un precedente muy grave vulnerando los derechos de los diputados”, explica Susana Beltrán, quien insta al consejero a ser consecuente con su cargo, pues además de ser el responsable de la diplomacia catalana, lo es también de la transparencia del Ejecutivo autonómico.

La diputada tilda de "deslealtad" la actitud del consejero.