Los 100 juristas de Puigdemont quemados por el 'procés'

Once millones de euros de presupuesto anual y una plantilla de casi 100 personas. Esa es la logística jurídica al servicio del presidente Carles Puigdemont, cuyo proyecto secesionista está provocando fuertes tensiones internas.

El Consell de Garanties Estatutàrias (CGE), la Comisión Jurídica Asesora y el Gabinete Jurídico son los tres pilares de una estructura faraónica donde las designaciones a dedo, la presión del procés y el ninguneo de las resoluciones dictadas han puesto a juristas de reconocido prestigio en una situación límite. Uno de ellos ya ha dimitido.

"Con este plantel, ¿cómo es posible que se cometan chapuzas jurídicas como la ley de desconexión exprés?", se pregunta un diputado de la oposición.

El Ejecutivo 'pasa' del CGE

El Consell de Garanties, una especie de Tribunal Constitucional a la catalana, acaba de dictaminar la ilegalidad de la disposición adicional de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que contempla una partida para el referéndum. A pesar de ese dictamen, el presidente Puigdemont ha avisado de que la votación secesionista está blindada económicamente.

No es la primera vez que el Gobierno catalán hace caso omiso de las advertencias del CGE sobre las ilegalidades del procés. Otro informe anterior, emitido en 2015, aseguró que las estructuras de Estado planteadas por la Generalitat, como la Hacienda propia o una agencia de seguridad nuclear, son inconstitucionales. Y un año antes, este organismo, que debe velar por el ajuste de las leyes catalanas al Estatuto y la Constitución, quedó dividido entre los cinco consejeros favorables a la ley de consultas catalanas (los propuestos por CiU y ERC) y los cuatro restantes (PSC, ICV y PP). De nuevo, el Ejecutivo autonómico ignoró que ese dictamen favorable fue aprobado por la mínima.

Sueldos más altos que el de Mariano Rajoy

El Consell de Garanties tiene un presupuesto anual que supera los 3,2 millones de euros, de los cuales 2,4 millones de euros van destinados a pagar sueldos, muy generosos. Los consejeros, todos ellos juristas de reconocido prestigio, cobran 121.050 euros al año, mientras que el presidente, Joan Egea, el vicepresidente y el consejero secretario tienen complementos de 8.330 euros y 6.545 euros.

Igualmente generosos son los sueldos que cobran los máximos responsables de la Comisión Jurídica Asesora, para la que trabajan unas 29 personas, en su mayoría letrados. Al frente de la misma están 15 juristas que han sufrido fuertes presiones por parte del Gobierno catalán para impulsar el proceso secesionista.

Durante un acto celebrado hace un año con motivo de la renovación de este órgano, Puigdemont instó a los miembros del consejo a garantizar "el buen hacer y la seguridad del trabajo que las instituciones" quieren hacer "para el despliegue irrenunciable e insoslayable del encargo del Parlament".

Primera dimisión

El presidente de este Consejo, Albert Lamarca, defendió la “independencia” de su equipo e hizo una seria advertencia a Puigdemont: los juristas nunca mentirán cuando se les pida consejo porque su función es garantizar la solvencia jurídica de las decisiones que el Gobierno debe tomar.

Hoy, el Consejo Asesor atraviesa por una fuerte crisis. Uno de los vocales, Enric Argullol, catedrático de derecho administrativo, ha presentado esta semana su dimisión, según han confirmado a Crónica Global fuentes de la Consejería de Presidencia, de la que depende.

La decisión de Argullol, muy significativa por el momento crucial por el que atraviesa el procés, ejemplifica el malestar existente dentro de este órgano. Su presidente compareció hace varias semanas como testigo en el juicio del 9N y, más allá del duelo verbal protagonizado con el magistrado presidente de la sala, puso de manifiesto el caso omiso que hizo el Gobierno catalán a sus advertencias sobre la consulta. Según Lamarca, avisó de la necesidad de pedir al Tribunal Constitucional una aclaración respecto a su prohibición. Nadie le hizo caso.

La Comisión Jurídica Asesora cuenta con un presupuesto anual de 2,8 millones de euros y su presidente cobra casi como un consejero de la Generalitat, 109.663 euros.

La esposa del consejero de Justicia

Otro de los juristas al servicio de Puigdemont que cobra una tarifa elevada es Margarida Gil Domènech, directora del gabinete jurídico de la Generalitat encargado de coordinar a todos los abogados que prestan asesoramiento en los departamentos del Gobierno catalán.

Cerca de 60 personas están a cargo de Gil, esposa del consejero de Interior, Jordi Jané, y que fue colocada en 2011 por el expresidente catalán Artur Mas cuatro días antes de que la Generalitat cambiara su criterio sobre el expolio del Palau de la Música –que ha llegado a juicio esta semana—, concretamente sobre la supuesta implicación de dirigentes de CDC como Àngel Colom o Daniel Osàcar. Gil compareció como testigo en la instrucción sobre la trama de las ITV, donde el ex secretario general de CDC Oriol Pujol figura como principal acusado. La jurista admitió que se había reunido con uno de los empresarios inculpados.

El perfil de Gil, según explican fuentes jurídicas, nunca ha sido bien aceptado por el cuerpo de abogados, donde la presión del proceso secesionista y el miedo a incurrir en ilegalidades está muy presente. Este gabinete está en proceso de renovación.